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Chiapas.- La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) en Chiapas pidió una investigación integral sobre presuntas irregularidades detectadas en el pesaje de maíz en centros de acopio del estado, luego de identificar diferencias entre las cantidades registradas durante las operaciones y las que posteriormente pudieron ser corroboradas mediante otros mecanismos de medición.
La organización hizo énfasis en que su denuncia no pretende desacreditar el programa de Alimentación para el Bienestar ni el trabajo realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la directora general del organismo, María Luisa Albores González.
Por el contrario, CONATRAM reconoció las acciones que ambas han impulsado en favor del campo mexicano, particularmente de las productoras y productores de Chiapas, así como la importancia que tienen estos programas para las actividades relacionadas con el autotransporte.
Reconocen respaldo al campo
Los transportistas señalaron que precisamente por tratarse de un programa considerado noble y de alto impacto social resulta necesario revisar cualquier posible irregularidad que pueda presentarse durante su operación.
La organización advirtió que una eventual conducta indebida de funcionarios, empresas o particulares no debe confundirse con los objetivos del programa ni utilizarse para cuestionar el trabajo que realizan miles de productores, transportistas y servidores públicos.
El planteamiento busca que se esclarezca lo ocurrido y que, si existen fallas o responsabilidades, sean corregidas sin poner en duda el propósito de un esquema creado para beneficiar al campo.
Los hechos señalados están relacionados con operaciones de transporte de maíz y otros insumos realizadas en 16 centros de acopio ubicados en Chiapas.
Detectan diferencias en pesajes
Entre los centros mencionados se encuentran Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz, El Rosario, La Concordia, Rivera Chalchi, Laja Tendida, Las Grutas, El Santuario, Luis Echeverría, Cuauhtémoc, Cárdenas del Río, Manuel Velasco Suárez, San Antonio, El Chalán, El Nuevo Carmen Tonapac, Agua Prieta y Rizo de Oro.
De acuerdo con la organización, las empresas transportistas comenzaron a identificar diferencias entre las cantidades asentadas en origen y aquellas que posteriormente pudieron comprobarse mediante otros instrumentos de medición.
Para verificar los datos se recurrió a básculas privadas certificadas, información de geolocalización, sistemas instalados en las unidades, sensores de peso y volumen, además de documentación relacionada con los recorridos, cargas y entregas.
El punto que se busca esclarecer es si el peso registrado en los centros de acopio correspondía realmente con la cantidad de mercancía que era cargada en las unidades.
838 viajes bajo revisión
Hasta ahora, las empresas denunciantes han logrado documentar 838 viajes en los que se detectó un presunto faltante acumulado de 246 mil 521.97 kilogramos, equivalentes a más de 246.5 toneladas.
La afectación económica calculada por los transportistas asciende a 1 millón 705 mil 932 pesos con 03 centavos.
CONATRAM aclaró que estas cifras corresponden únicamente a las operaciones que han podido ser revisadas y documentadas mediante las 16 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.
Por ello, todavía falta determinar si existen más viajes con diferencias similares, si otros transportistas pudieron resultar afectados y si el monto económico señalado podría incrementarse.
Las básculas están en el centro
Una de las principales exigencias de los transportistas es conocer qué ocurrió con las básculas utilizadas durante las operaciones y quién tenía control sobre ellas.
CONATRAM pidió determinar quién estaba encargado de cada equipo, bajo qué esquema era operado, quién podía acceder a los sistemas y quién tenía autorización para capturar o modificar los registros.
También solicitó revisar las bitácoras electrónicas, los controles de supervisión y la correspondencia entre los inventarios físicos y la información almacenada en los sistemas.
La organización considera indispensable conocer si las diferencias pudieron originarse por un problema técnico, por controles deficientes o por alguna modificación irregular de los datos.
Albores recibe primera petición
La primera solicitud fue dirigida a María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar.
CONATRAM pidió que, dentro de sus atribuciones, se instruya una revisión integral de las operaciones relacionadas con los hechos denunciados.
La organización busca que se reconstruya el funcionamiento de los centros involucrados y se determine quiénes tenían responsabilidades sobre las básculas, los sistemas y la captura de información.
También pidió verificar si los inventarios físicos coinciden con los registros existentes y si las cantidades documentadas corresponden con las mercancías efectivamente recibidas.
Profeco deberá revisar equipos
La segunda petición corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a la que solicitaron intervenir dentro de sus facultades para realizar una revisión técnica de las básculas involucradas.
El objetivo es determinar si los equipos contaban con las verificaciones correspondientes, si operaban dentro de las tolerancias permitidas y si funcionaban correctamente durante el periodo en el que ocurrieron los hechos señalados.
CONATRAM recordó que las básculas de alto alcance utilizadas en transacciones comerciales son objeto de verificación y que existen procedimientos técnicos para comprobar su funcionamiento mediante pesas patrón, conforme a la NOM-010-SCFI-1994.
También piden fiscalización federal
La tercera solicitud fue dirigida a la Auditoría Superior de la Federación, debido a que las operaciones podrían involucrar recursos públicos federales.
CONATRAM pidió determinar si existió alguna afectación a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de algún ente público.
Entre los aspectos que plantea revisar están los pagos sustentados en información presuntamente incorrecta, las diferencias entre lo contabilizado y lo efectivamente recibido, así como la suficiencia de los controles internos.
También pidió determinar si alguna acción u omisión de servidores públicos pudo ocasionar una afectación patrimonial.
En caso de acreditarse un daño al erario, correspondería establecer su monto y promover las responsabilidades y acciones legales que resulten procedentes.
FGR ya recibió las denuncias
La cuarta petición corresponde a la Fiscalía General de la República, ante la cual ya fueron presentadas las 16 denuncias relacionadas con los centros de acopio señalados.
Los documentos fueron recibidos por la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas el pasado 2 de octubre de 2026.
Ahora corresponde al Ministerio Público analizar los elementos técnicos, documentales y testimoniales para determinar si existió alguna conducta constitutiva de delito y, en su caso, quiénes pudieron participar.
CONATRAM pidió que la investigación preserve todos los elementos que permitan reconstruir las operaciones.
Buscan preservar registros originales
Entre la información que solicita conservar están los registros originales de las básculas, archivos electrónicos, bitácoras de usuarios, historial de modificaciones, registros de entrada y salida de las unidades, inventarios físicos y electrónicos, además de los pesajes realizados en origen y destino.
La intención es establecer con precisión cuánto producto fue cargado, qué cantidad quedó asentada en los documentos, qué mercancía fue transportada y cuánto fue recibido finalmente.
Para los transportistas, esa reconstrucción resulta fundamental para determinar dónde pudieron generarse las diferencias detectadas.
No señalan culpables anticipadamente
CONATRAM también marcó distancia de cualquier señalamiento directo contra personas específicas.
La organización aclaró que no está declarando culpable a ningún servidor público, empresa o particular y que los hechos denunciados deben ser investigados antes de establecer responsabilidades.
Si las investigaciones determinan que algún funcionario participó, permitió una irregularidad o fue omiso en el cumplimiento de sus obligaciones, pidió que se apliquen las sanciones administrativas o penales correspondientes.
La misma exigencia planteó para empresas o particulares que pudieran tener responsabilidad en caso de comprobarse alguna irregularidad relacionada con las básculas o los sistemas.
El objetivo es proteger el programa
La organización insistió en que su postura no busca perjudicar a Alimentación para el Bienestar ni desacreditar los programas que se desarrollan en Chiapas.
Su argumento es que proteger un programa también implica detectar posibles fallas, corregirlas y establecer responsabilidades cuando existan elementos para hacerlo.
CONATRAM destacó nuevamente el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y María Luisa Albores en favor de los productores del campo y del sector del autotransporte, y sostuvo que precisamente por el impacto de estas acciones resulta necesario evitar que posibles prácticas irregulares terminen afectando su funcionamiento.
La organización consideró que un programa destinado a beneficiar a las productoras y productores no debe ser utilizado indebidamente por unas cuantas personas.
Por ello, CONATRAM Chiapas, organizaciones campesinas y empresas transportistas manifestaron su disposición para aportar documentación y cualquier otro elemento que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Hasta ahora, el caso contempla 838 viajes, más de 246.5 toneladas presuntamente faltantes y una afectación económica calculada en más de 1.7 millones de pesos.
Lo que todavía debe determinarse es si existen más operaciones con diferencias, cuántos transportistas pudieron resultar afectados, si las básculas funcionaban correctamente, quién tenía acceso a los sistemas y si hubo modificaciones en los registros.
El objetivo de la petición es que esas preguntas tengan respuesta y que cualquier irregularidad, de comprobarse, sea atribuida a quien corresponda sin comprometer el propósito de un programa creado para respaldar al campo mexicano.
