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El organismo federal Transparencia para el Pueblo, que sustituyó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha desechado el 99.6% de los recursos de revisión presentados por ciudadanos desde el inicio de sus funciones el pasado 12 de mayo.
De acuerdo con información obtenida por el periódico El Universal, de los 2 mil 253 recursos interpuestos por solicitantes de información, sólo 457 han sido resueltos, de los cuales 455 fueron desechados. Únicamente uno fue sobreseído y otro resultó en una modificación a la respuesta del sujeto obligado.
Las peticiones desechadas incluyen solicitudes dirigidas a la Presidencia de la República, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, el Instituto Nacional de Migración, la CFE, Pemex, así como a otras dependencias del gobierno federal.
La institución argumentó que los recursos han sido rechazados por no cumplir con requisitos establecidos en la ley o por no atender las prevenciones notificadas a los ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Transparencia para el Pueblo recibió 631 recursos heredados del INAI y otros 1,622 interpuestos directamente desde su puesta en operación. De acuerdo con el marco legal, el organismo debe resolver en un plazo de 40 días hábiles, con posibilidad de ampliación a 20 días más.
Funcionarios de Transparencia para el Pueblo informaron que trabajan en coordinación con la Unidad de Innovación de la Gestión Pública en la creación de un portal donde se publicarán sus resoluciones en datos abiertos, dentro del plazo de seis meses que permite la normativa para nuevas instituciones.
Entre los recursos desechados se encuentran solicitudes relacionadas con información médica del IMSS, infraestructura eléctrica de la CFE, y regulaciones migratorias del INM. También se rechazaron peticiones dirigidas al Banco del Bienestar, la Secretaría de Salud, Educación Pública, Relaciones Exteriores, y la Guardia Nacional, entre otros.
En contraste, el extinto INAI resolvió 21,484 recursos de revisión en 2024, lo que equivale a un promedio mensual superior a 1,700.
Para Jacqueline Peschard, excomisionada presidenta del entonces IFAI, los datos no sólo evidencian baja productividad, sino también una falta de garantías al derecho de acceso a la información. “Antes la ley obligaba a suplir la queja; ahora no se orienta a los ciudadanos ni se garantiza el derecho”, declaró al mismo medio.