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El Sindicato de Trabajadores de los Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (STOOAEG) denunció este martes el incumplimiento de un acuerdo laboral firmado en 2021 con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), que establecía el pago de horas extra y diversas prestaciones laborales. Señalan que la actual administración del organismo, encabezada por el contador Antonio Lorenzo Rojas Marcial, desconoce los compromisos argumentando que no fueron firmados bajo su gestión.
En conferencia de prensa, el secretario general del sindicato, José Martín Martínez Luna, afirmó que desde 2021 los trabajadores han laborado turnos de 24 por 72 horas, lo que genera entre 8 y 16 horas extra quincenales que no han sido pagadas. Aunque se pactó que se cubrirían al menos 8 horas, estos pagos han sido suspendidos para integrantes del sindicato, mientras que empleados de otras secciones sí los reciben, lo que calificó como un trato desigual.
“Exclusivamente a los nuestros no se les está pagando (…) cuando la ley es muy clara y dice que si se genera tiempo extra, se debe pagar al cien por ciento el tiempo excedente”, afirmó el dirigente.
Martínez Luna explicó que el acuerdo, firmado durante la gestión de la exalcaldesa Adela Román, incluía prerrogativas como días económicos pagados, bonos por festividades, permisos por nacimiento y entrega de uniformes. El dirigente aseguró que la mayoría de estas prestaciones siguen vigentes para otros empleados, pero son negadas exclusivamente a los miembros de su organización.
“No puede venir alguien a decir ‘ya no tienes derecho a eso’, porque son actos consentidos y además contenidos en un acuerdo”, insistió.
El sindicato argumenta que el convenio firmado tiene carácter institucional y debe mantenerse vigente independientemente del relevo en la dirección. “La institución permanece, los mandos son sucesivos y las obligaciones no pueden desconocerse”, señaló el dirigente.
Durante una mesa de trabajo reciente, Martínez Luna aseguró que no hubo propuestas formales para resolver los pendientes. Según relató, el director de CAPAMA condicionó cualquier acuerdo al desistimiento de demandas laborales en curso, lo cual el sindicato rechazó por considerarlo una restricción de derechos legales.
El líder sindical también entregó documentación a la administración que respalda la legalidad de la representación gremial y el origen de las demandas presentadas, entre ellas la reducción de sueldos a trabajadores de base, eliminación de sobre sueldos y compensaciones sin justificación contractual, y la falta de incorporación al régimen de seguridad social.
En la misma conferencia, Martínez Luna informó que podrían iniciar nuevas acciones sindicales a partir del viernes si no hay avances. Anticipó que buscarán interlocución directa con la presidenta del Consejo de Administración de CAPAMA ante la falta de acuerdos con el actual director.
“El conflicto no lo origina el sindicato; es consecuencia de la negativa institucional de reconocer y aplicar derechos ya adquiridos”, concluyó.
