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En Chilpancingo, trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPACH) bloquearon este jueves los accesos del ayuntamiento municipal y realizaron una marcha por las principales calles del centro para exigir el pago de retroactivos y otras prestaciones laborales pendientes. La protesta forma parte de un paro laboral que cumplió tres días.
Desde las 9 de la mañana, los inconformes, pertenecientes a la sección XXXII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), partieron de las oficinas administrativas de CAPACH y recorrieron la avenida Benito Juárez hasta llegar al Palacio Municipal, donde bloquearon la avenida Ignacio Ramírez e impidieron el acceso al edificio colocando una lona.
Entre las demandas planteadas por los manifestantes destacan el incremento salarial correspondiente a 2025, entrega de uniformes y herramientas de trabajo, asignación de plazas por fallecimiento, pago de estímulos económicos y finiquitos a familiares de trabajadores fallecidos o cesados, así como el pago de retroactivos pendientes de 2023, 2024 y 2025.
Jonathan Miranda Barrera, secretario general de la sección sindical, denunció que el alcalde Gustavo Alarcón Herrera ha incumplido los acuerdos firmados previamente. “El presidente municipal nos ha mentido. Firma acuerdos y luego los ignora. No vamos a levantar el plantón hasta que haya una solución real”, declaró.
Por su parte, CAPACH emitió un comunicado en el que reiteró su disposición a mantener el diálogo abierto con los trabajadores y sectores sindicales. Sin embargo, advirtió que no permitirá que el organismo “sea secuestrado por intereses personales o liderazgos que solo buscan privilegios para sí mismos”.
La dirección de CAPACH argumentó que la crisis operativa y financiera que enfrenta la dependencia impide aceptar demandas que implicarían aumentos salariales superiores a los 34 mil pesos mensuales, mientras persiste el problema del desabasto de agua que afecta a miles de familias en Chilpancingo.
Asimismo, la dependencia condenó lo que calificó como expresiones de violencia política de género contra la directora general y aseguró que las diferencias laborales no deben convertirse en agresiones.
