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Chiapas.- Un nuevo escándalo de brutalidad policial tiene bajo fuego a las autoridades de Chiapas. La filtración en redes sociales de un video donde se observa a presuntos elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial torturando a dos hombres en Tuxtla Gutiérrez no solo provocó una oleada de indignación pública; también obligó al gobierno estatal a activar un control de daños inmediato.
Sin embargo, para las organizaciones civiles, este caso no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema sistémico que apunta directamente a la cabeza de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo que debes saber
- El detonante: Las imágenes, presuntamente grabadas en la colonia Terán, muestran a agentes de la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos asfixiando y golpeando a dos detenidos.
- El implicado: Usuarios y colectivos identificaron plenamente en el video a Pablo Custodio, actual comandante regional de dicha área especializada.
- La respuesta oficial: El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca anunció una "investigación inmediata", mientras que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar pidió actuar de forma expedita, recordando que en el estado se deben respetar los derechos humanos.
El video de la infamia: Rostros identificados y exigencia de renuncia
La grabación, que se viralizó rápidamente en plataformas de mensajería y X (antes Twitter), muestra métodos de asfixia y violencia física que violan cualquier protocolo internacional de detención. Las alarmas ciudadanas no tardaron en encenderse, y los señalamientos de corrupción escalaron rápidamente hasta Rodolfo Ruiz, fiscal del área de Robo de Vehículos, y al propio fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, a quienes la opinión pública cuestiona duramente por mantener a estos mandos en sus cargos.
Un video difundido en redes sociales muestra a policías ministeriales de la Fiscalía de Chiapas, cometiendo actos de tortura contra dos personas en Tuxtla Gutiérrez.
— Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) May 21, 2026
La Fiscalía estatal informó que ya abrió una carpeta de investigación y que los elementos involucrados serán… pic.twitter.com/DRZh2aG4qT
Ante la presión mediática, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar tuvo que marcar una línea de distancia, manifestando su respeto a la autonomía de la FGE pero exigiendo castigo: “En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”, enfatizó.
El historial que persigue al Fiscal
Para los defensores de derechos humanos en el estado, las promesas de "llegar hasta las últimas consecuencias" por parte de la Fiscalía suenan huecas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y otros colectivos recordaron que el propio Jorge Luis Llaven Abarca tiene una trayectoria profundamente cuestionada.
La sombra de la tortura lo persigue desde hace más de veinte años:
- Recomendación 26/2002 de la CNDH: Derivada de un operativo violento en Marqués de Comillas, donde se documentaron abusos cuando Llaven Abarca era agente del Ministerio Público.
- Cuestionamientos a su idoneidad: Tanto en 2018 como en 2024, decenas de ONG se manifestaron en contra de su permanencia al frente de la FGE, advirtiendo que su carrera ha estado ligada recurrentemente a prácticas represivas.
Hoy, con un video explícito circulando en los teléfonos de miles de chiapanecos, la pregunta ya no es si se abrirá una carpeta de investigación más, sino hasta cuándo el sistema de justicia seguirá utilizando la tortura como método de investigación estándar.
