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Ciudad de México.- El enfrentamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el magnate Ricardo Salinas Pliego superó la anécdota del "toma chocolate" para centrarse en un multimillonario adeudo que, según la Procuraduría Fiscal de la Federación, asciende a cerca de $74,000 millones de pesos.
La mandataria federal compareció este martes 28 de octubre para cortar de tajo la narrativa de persecución personal del empresario, blindando el caso bajo el manto de la técnica y la legalidad.
"Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario... es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y quedan un monto muy importante de impuestos", declaró Sheinbaum.
Abuso de la consolidación fiscal
El "asunto serio" tiene raíces profundas, que se remontan a 2008, y se centra en supuestos abusos de la figura de la consolidación fiscal por parte del Grupo Salinas, un esquema legal que permitía a los grandes conglomerados empresariales reducir drásticamente su carga tributaria.
Durante 17 años, las empresas han prolongado el litigio a través de amparos, logrando diferir la obligación fiscal. La omisión original detectada era de $38,000 millones de pesos, pero con recargos, multas e inflación, la cifra se ha disparado hasta alcanzar los $74,000 millones de pesos, lo que representa uno de los mayores pleitos fiscales en la historia reciente del país.
El último asalto: la palabra de la Corte
Con el SAT rechazando cualquier "acuerdo" extrajudicial que reduzca el monto, tal como insinuó el empresario, la resolución se concentra inevitablemente en el máximo tribunal del país.
"Nosotros vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte [de Justicia de la Nación] y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer", subrayó Sheinbaum. La presidenta fue enfática: el pago se debe realizar al erario público "para beneficio del pueblo de México".
El fallo de la SCJN se anticipa como el hito que pondrá fin a este histórico diferendo fiscal, obligando al magnate a liquidar una deuda que, según el gobierno, es irrefutable y no admite más dilaciones ni negociaciones políticas.
