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Chilpancingo, Guerrero.— El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acusó que el juez que vinculó a proceso al líder indígena Jesús Plácido Galindo desechó las pruebas presentadas por la defensa y actuó bajo presiones para mantenerlo en prisión.
En una conferencia de prensa transmitida por las redes sociales de Tlachinollan, un día después de la audiencia celebrada en Chilpancingo, Barrera aseguró que la resolución no respondió a un análisis imparcial de las evidencias presentadas por los abogados del dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
"Lamentablemente el juez no valoró las pruebas en su justa dimensión que presentaron los abogados y abogadas de Jesús Plácido Galindo; las hizo a un lado y sentimos que actuó por consigna, que tuvo presión de otras autoridades para poder declarar formal prisión a Jesús Plácido Galindo", afirmó.
Tlachinollan señala inconsistencias en la carpeta de investigación por homicidio
Abel Barrera explicó que uno de los principales argumentos de la defensa fue un oficio oficial de la Fiscalía General del Estado, fechado el 7 de agosto de 2025, en el que, según dijo, no existía registro de una investigación por homicidio contra Jesús Plácido, a pesar de que actualmente enfrenta ese cargo por hechos ocurridos en octubre de 2021.
El defensor sostuvo que ese documento fue entregado al juez durante la audiencia y que incluso éste ordenó a la Fiscalía presentar el oficio original para verificar su autenticidad.
"Con esto se muestra cómo oficialmente la misma Fiscalía está diciendo que Jesús Plácido no tiene ninguna denuncia del 30 de octubre del 2021 por el delito de homicidio calificado. Es algo reciente", señaló.
También afirmó que la carpeta presenta irregularidades en los testimonios que sustentan la acusación. Según explicó, uno de los supuestos testigos falleció en 2022 y además pertenecía al mismo movimiento indígena encabezado por Jesús Plácido, mientras que otra declaración fue rendida apenas en junio de este año.
"Todo esto se le manifestó al juez, pero no le dio la importancia debida a estas pruebas", insistió Barrera.
Acusan una campaña para criminalizar al líder del CIPOG-EZ
Durante la conferencia, Abel Barrera sostuvo que la detención de Jesús Plácido forma parte de una estrategia del Estado para desacreditar al dirigente indígena, luego de las denuncias públicas que realizó sobre los ataques registrados en mayo pasado contra comunidades de la Montaña, donde hubo desplazamientos forzados, homicidios y desapariciones.
El activista aseguró que las denuncias realizadas por el CIPOG-EZ provocaron inconformidad en el Gobierno de Guerrero, ya que derivaron en la visita de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Jesús Plácido rompió el silencio que han impuesto los grupos de la delincuencia organizada en la región. Atreverse a denunciar ese patrón de criminalidad generó un gran enojo de las autoridades", afirmó.
Barrera también acusó que desde antes de la detención existía una campaña para presentarlo como integrante de un grupo delictivo.
"Se le quiere presentar como un miembro de la delincuencia organizada. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es presentar pruebas y no hacer linchamientos mediáticos contra un defensor de derechos humanos", expresó.
Finalmente, lamentó que el líder indígena haya sido enviado a un penal de alta seguridad y sostuvo que el sistema de justicia en Guerrero continúa actuando sin independencia.
"No podemos seguir así. Una verdadera justicia, apegada a los estándares internacionales de derechos humanos, todavía está lejos", concluyó.
Hasta el momento, el Gobierno de Guerrero, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial no han emitido un posicionamiento sobre los señalamientos realizados por Tlachinollan.
