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Ciudad de México.- Ángel Aguirre Rivero aseguró tener “la conciencia tranquila” y negó haber tenido responsabilidad alguna en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se encontraba al frente del Gobierno de Guerrero.
Sin embargo, casi 12 años después de los hechos de Iguala, el exmandatario fue vinculado a proceso dentro de la nueva línea de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la desaparición forzada y el ocultamiento o destrucción de evidencia vinculada con el caso.
Durante su primera comparecencia ante el juez, -en la que estuvo acompañado de su esposa Rocío Herrera- Aguirre rechazó los señalamientos de la Fiscalía y sostuvo que nunca intentó sustraerse de las investigaciones. Afirmó que desde que ocurrieron los hechos ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades y reiteró que no tuvo “absolutamente nada que ver” con la desaparición de los estudiantes.
La investigación federal sostiene que existió un presunto ocultamiento o destrucción de grabaciones obtenidas por cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. De acuerdo con la indagatoria, esas imágenes podían aportar información relevante sobre el recorrido de los normalistas durante las horas en que fueron perseguidos y atacados en distintos puntos de la ciudad.
Prisión preventiva en el Altiplano
Aguirre llegó a la audiencia en silla de ruedas y su defensa argumentó problemas de salud. Pese a ello, el juez determinó mantenerlo sujeto a prisión preventiva y permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano.
La medida cautelar no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. La vinculación a proceso significa que el juez consideró que existen elementos suficientes para que continúe una investigación penal en su contra, pero será durante el desarrollo del proceso cuando deberán determinarse las responsabilidades que correspondan.
La decisión representa, no obstante, un cambio sustancial en la situación jurídica del exgobernador, quien durante años ha rechazado públicamente cualquier responsabilidad en los hechos de Iguala y ha declarado que no tenía ningún motivo para mandar a desaparecer a los 43 estudiantes.
De gobernador del PRD a respaldo a Sheinbaum
La situación judicial de Aguirre ocurre después de una etapa de reacomodo político en la que el exgobernador volvió a tener presencia en la vida pública de Guerrero.
Aguirre llegó a la gubernatura en 2011 como candidato de una coalición encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido al que se había sumado después de que el PRI le negara la candidatura e impusiera a Manuel Añorve Baños. De mano el PRD llegó nuevamente al Ejecutivo estatal. Su administración terminó abruptamente el 25 de octubre de 2014, después de los hechos de Iguala y en medio de las fuertes presiones políticas derivadas de la desaparición de los normalistas.
Una década después, durante el proceso electoral de 2024, Aguirre manifestó públicamente su respaldo a Claudia Sheinbaum, entonces candidata presidencial de Morena. En agosto de ese año, integrantes de su corriente Izquierda Progresista Guerrerense (IPG) reconocieron que la candidatura de Sheinbaum había sido apoyada por el propio exgobernador.
Su posición provocó tensiones con sectores del PRD. En febrero de 2024, el dirigente perredista Evodio Velázquez aseguró que cinco de las seis corrientes del partido se habían desmarcado de Aguirre precisamente por sus acercamientos con Morena y Movimiento Ciudadano y por su postura frente a la elección presidencial.
Meses después, la propia IPG anunció su separación del PRD, en un movimiento que abrió la posibilidad de que el grupo político de Aguirre buscara nuevas alianzas o incluso una eventual incorporación a Morena.
El acercamiento con Morena
El reacomodo político del grupo de Aguirre tuvo uno de sus episodios más visibles en marzo de 2025, cuando integrantes de Izquierda Progresista Guerrerense se reunieron en Acapulco con Jacinto González Varona, dirigente estatal de Morena.
Al encuentro acudieron políticos cercanos al exgobernador, entre ellos las exdiputadas locales Yanelly Hernández Martínez y Elzy Camacho Pineda, así como el dirigente transportista Rogelio Hernández Cruz. De acuerdo con los reportes publicados entonces, los asistentes buscaban conocer las condiciones para incorporarse a Morena.
El encuentro generó críticas dentro de Morena y entre colectivos relacionados con el caso Ayotzinapa, debido a la trayectoria de Aguirre y a que era gobernador de Guerrero cuando desaparecieron los 43 estudiantes.
Aunque González Varona había señalado desde 2024 que las puertas de Morena podían estar abiertas para quienes cumplieran con los requisitos del partido, también aclaró que la eventual incorporación de Aguirre tendría que sujetarse a los procedimientos internos y a los documentos básicos de Morena.
El acercamiento político, sin embargo, no se tradujo públicamente en una incorporación de Aguirre a Morena. En agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum incluso rechazó un regalo que el exgobernador le hizo llegar durante una gira por Guerrero y posteriormente en la conferencia matutina La Mañanera afirmó que no lo conocía ni tenía interés en conocerlo.
Casi 12 años después
La vinculación a proceso coloca a Ángel Aguirre Rivero, por primera vez, ante una investigación penal que avanza directamente sobre posibles responsabilidades de quien encabezaba el Gobierno de Guerrero cuando ocurrieron los ataques de Iguala.
El exgobernador asegura que actuó conforme a sus atribuciones, que colaboró con las investigaciones y que tiene la conciencia tranquila. En contraste, la Fiscalía General de la República sostiene que existen nuevos elementos y testimonios que apuntan a su posible participación en el ocultamiento de evidencia fundamental para esclarecer el destino de los estudiantes.
Entre esos señalamientos destacan los de dos de sus excolaboradoras, quienes lo habrían señalado directamente como la persona que ordenó destruir las grabaciones obtenidas por las cámaras ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Se trata de la exmagistrada Lambertina Galeana Marín, detenida en 2025, y de Blanca María del Rocío Estrada, quien fue detenida en marzo de 2026, las dos mujeres mayores de edad y enfermas.
De acuerdo con la investigación, ambas habrían aportado elementos que apuntan a una instrucción del entonces gobernador para desaparecer las imágenes que podían contribuir a reconstruir el recorrido de los normalistas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, hasta ahora no se ha revelado públicamente cuál habría sido el motivo por el que Aguirre Rivero habría ordenado la destrucción de esas grabaciones ni qué información específica buscaba impedir que fuera conocida.
