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El número de familias afectadas por la falla geológica en la zona norponiente de Chilpancingo creció a 600, debido a la aparición de nuevas grietas y socavones que agravan el deterioro de viviendas y mantienen en riesgo a cientos de habitantes. De estas, al menos 350 se encuentran en “semáforo rojo”, es decir, en condición de mayor peligro por los deslizamientos de tierra que han continuado durante la actual temporada de lluvias.
José de Jesús Victoria, representante de las familias afectadas, explicó que el problema ha empeorado desde septiembre de 2024, cuando se contabilizaban 150 familias damnificadas, cifra que aumentó a 500 en mayo de 2025 y que hoy supera las 600. El representante señaló que muchas casas presentan daños estructurales severos, mientras que otras están en riesgo de colapsar.
Actualmente, los vecinos esperan que el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Chilpancingo lleguen a un acuerdo para adquirir un predio donde reubicar a las familias. Según De Jesús Victoria, la federación ha ofrecido apoyo para construir las nuevas viviendas, pero ha dejado claro que la compra del terreno corresponde a las autoridades estatales y municipales.
“Nos dijeron que el gobierno federal podría darnos las casas, pero no el predio. Eso debe gestionarlo el gobierno del estado y el municipio”, detalló. Indicó también que se han presentado ocho propuestas de terrenos por parte de los colonos y otras tres sugeridas por las autoridades, pero aún no hay una decisión definitiva.
Mientras tanto, algunas familias han optado por abandonar sus hogares de manera voluntaria debido al riesgo, mientras que otras permanecen pese al peligro. “Cada quien se está saliendo por protección de su familia para cuidarse del riesgo de que se le vaya a caer la casa”, comentó el representante. Sin embargo, hay casos donde las personas siguen habitando inmuebles seriamente fracturados, como ocurre en la unidad habitacional Casas Geo, sobre todo en viviendas cercanas al cerro.
El temor se incrementa porque las grietas y los socavones continúan creciendo y la tierra se sigue deslizando hacia el río Huacapa. De Jesús Victoria informó que, aunque existe un ofrecimiento de trasladar temporalmente a las familias a albergues, esta medida no resuelve el problema de fondo, pues solo representa “un mejoralito”.
El representante también señaló que, según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), las reglas de operación para definir la entrega de viviendas o únicamente del terreno ya están elaboradas, pero no han sido informadas de manera oficial a los afectados. Por ello, mantienen la expectativa de una reunión pendiente con autoridades estatales y federales para conocer la ruta que se seguirá.
En caso de que no haya avances concretos, las familias analizan iniciar acciones de protesta para exigir la compra del predio y agilizar la reubicación.
