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Ciudad de México.- Desde que Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia en octubre de 2024, diez presidentes municipales o alcaldes han sido asesinados en distintas entidades del país, evidenciando la exposición de las autoridades locales frente a la violencia y la falta de protección institucional. Los hechos se concentran principalmente en estados con alta incidencia delictiva, como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí.
El primer caso ocurrió el 6 de octubre de 2024, apenas seis días después de asumir el cargo, cuando Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado y decapitado. Días antes, su secretario general, Francisco Tapia Gutiérrez, también había sido ejecutado. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, mientras la gobernadora Evelyn Salgado Pineda instruyó reforzar la seguridad en la capital estatal.
El 15 de octubre de 2024, Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca, fue atacado en su domicilio y murió horas después, según reportes locales. Sujetos armados irrumpieron en su vivienda, disparándole a corta distancia, lo que generó alarma en la región y exigencias de protección para las autoridades municipales.
En diciembre de 2024, Jesús Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue emboscado junto a tres acompañantes mientras transitaba en su vehículo por la carretera Tamazunchale–Ciudad Valles. Franco, miembro de Morena, y los acompañantes murieron a consecuencia de disparos de arma de fuego. Elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal acudieron al lugar para acordonar la zona y recolectar indicios.
En mayo de 2025, Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue emboscado mientras regresaba de una festividad patronal en la comunidad de Llano Tigre. El ataque dejó también a dos policías municipales fallecidos. Hernández había sobrevivido a un intento de asesinato en 2019 durante su candidatura. La Fiscalía de Oaxaca inició una carpeta de investigación y desplegó policías ministeriales en la región.
El 5 de junio de 2025, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, murió tras ser atacado a balazos junto a su escolta mientras llegaba a su domicilio en la colonia Centro. La agresión se registró en un contexto de presencia de organizaciones criminales en la región, y la Fiscalía estatal abrió una investigación por homicidio calificado.
En los primeros días de junio de 2025, Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, fue asesinada de manera violenta. Anteriormente había sido secuestrada en 2023 y liberada. Su muerte volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de mujeres en cargos de elección popular frente al crimen organizado.
También en junio de 2025, Isaías Rojas Ramírez, presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, falleció tras un intento de asalto. El edil recibió atención médica, pero no sobrevivió. La noticia fue confirmada por autoridades locales y generó alertas sobre la protección de funcionarios en zonas rurales y de alta marginación.
El 21 de julio de 2025, Acasio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec, Guerrero, fue retenido y asesinado en la región de la Montaña. Su muerte fue documentada por la prensa local, que indicó que el edil fue privado de la libertad antes de ser ejecutado. La Fiscalía de Guerrero inició investigaciones y el caso suscitó indignación en comunidades indígenas.
El 20 de octubre de 2025, Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, fue atacado con armas de fuego en la comunidad de La Estancia y murió en el lugar. Autoridades iniciaron las investigaciones, logrando detenciones relacionadas con el crimen. El Partido Verde Ecologista de México exigió justicia inmediata y transparente.
Finalmente, el 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante las celebraciones del Día de Muertos, víctima de un ataque armado directo. La Fiscalía de Michoacán confirmó su deceso y desplegó un operativo de seguridad en la zona. Este caso ha generado preocupación nacional por la vulnerabilidad de autoridades electas frente al crimen organizado.
Analistas en seguridad señalan que los alcaldes representan el eslabón más vulnerable del poder público, expuestos a la presión del crimen organizado y a la insuficiente protección estatal y federal.
