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Acapulco, Guerrero.– La muerte de Stephany Carmona Rojas, joven integrante de la Guardia Nacional, ha generado indignación y exigencias de justicia en Guerrero y Puebla, luego de que trascendiera que la víctima había denunciado acoso y amenazas de compañeros antes de ser asesinada dentro del 51° Batallón de la corporación en Acapulco.
De acuerdo con informes oficiales, la soldado, originaria del municipio de Ajalpan, Puebla, falleció tras recibir dos disparos en la cabeza, presuntamente efectuados por el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, quien se encuentra prófugo desde el pasado miércoles.
El caso fue reportado inicialmente como un accidente ocurrido durante una práctica de tiro, sin embargo, familiares de la joven han rechazado esa versión y denuncian un posible intento de encubrimiento.
En mensajes difundidos por personas cercanas, Stephany había relatado el acoso laboral y hostigamiento que sufría al interior del batallón. “Así son de perros. Yo hice un parte y ni así”, escribió a una amiga poco antes de su muerte. También habría recibido advertencias de sanción si continuaba con su queja formal.
El cuerpo de la joven, de 20 años, fue trasladado la madrugada de este jueves a su comunidad de Buenavista, Ajalpan, donde familiares, vecinos y autoridades locales la recibieron entre muestras de dolor y reclamos de justicia. El alcalde de Ajalpan, Faustino Soriano, acompañó el cortejo fúnebre y reiteró el apoyo del gobierno municipal a la familia.
A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Ajalpan exigió a las autoridades federales una investigación exhaustiva, transparente y con perspectiva de género, y pidió que el responsable sea localizado y procesado conforme a la ley.
Colectivos y usuarios en redes sociales han impulsado el hashtag #JusticiaParaStephany, demandando que el caso no quede impune y que se investiguen las condiciones en las que fue asesinada la joven dentro de una instalación militar.
La Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional no han emitido hasta el momento un informe público detallado ni confirmado si existen órdenes de aprehensión activas contra el presunto agresor. La familia de Stephany insiste en que ella buscó ayuda institucional y fue ignorada, y que ahora sólo esperan justicia para limpiar su nombre y su memoria.
