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La alcaldesa Abelina López Rodríguez afirmó que únicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene facultades para revisar el ejercicio de recursos federales en el municipio, en respuesta a señalamientos sobre irregularidades en obras públicas durante administraciones pasadas. La declaración se dio a través de sus redes sociales, donde compartió un documento oficial de la ASF que respalda su postura.
López Rodríguez calificó como "falsas y tendenciosas" las acusaciones circulantes sobre incumplimiento en la rendición de cuentas. Según el documento citado, presentar información fiscalizable ante instancias distintas a la ASF violaría disposiciones constitucionales. La alcaldesa anunció que valorará acciones legales contra quienes, a su juicio, difaman su gestión con "intereses particulares".
Según reportes periodísticos, el municipio mantiene 24 expedientes pendientes con la ASF por más de 560 millones de pesos en recursos federales no comprobados entre 2020 y 2022. De estos, 11 corresponden a obras públicas —incluyendo la rehabilitación del mercado de Pie de la Cuesta— donde no se presentó documentación que respalde los gastos.
Locatarios del mercado mencionado denunciaron que, pese a los 1.4 millones de pesos asignados en 2020 para su remodelación, el inmueble carece de servicios básicos como luz y agua potable. Isaías Villanueva, líder de los comerciantes, reconoció que los fondos fueron gestionados por la entonces presidenta Adela Román, pero cuestionó la transparencia en su aplicación.
La alcaldesa convocó a una conferencia de prensa este 28 de mayo en el Antiguo Ayuntamiento para detallar su postura. Reiteró que su administración ha enfrentado "severas adversidades" sin contraer deudas ni afectar las finanzas municipales, y acusó a sus críticos de buscar desprestigiar su trabajo con "señalamientos sin fundamento".
La ASF mantiene bajo revisión los expedientes pendientes, que incluyen además de obras públicas, servicios como recolección de basura, compra de equipos policiales y capacitación de funcionarios. Hasta diciembre de 2024, el presunto daño patrimonial por obras sin comprobantes ascendía a 481 millones de pesos, según datos del órgano fiscalizador.
