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Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, ha lanzado una oferta pública al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para liquidar el adeudo fiscal de sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante la celebración de su cumpleaños número 70, realizada la noche del sábado en la Arena Ciudad de México, el magnate aseguró que liquidaría la deuda "en menos de 10 días" tras recibir una actualización del monto.
Sin embargo, existe una brecha sustancial entre lo que el empresario está dispuesto a cubrir y lo que el gobierno federal reclama.
La disparidad de cifras
A través de una carta enviada a la Presidenta Sheinbaum, y difundida posteriormente por Grupo Salinas en redes sociales, el empresario manifestó su voluntad de pagar 7 mil 600 millones de pesos. Esta cantidad, según el texto, ya incluye un abono previo de 2 mil 700 millones de pesos efectuado en 2022.
Esta cifra contrasta fuertemente con los 74 mil millones de pesos que, según la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, es el monto total reclamado al conglomerado empresarial. La diferencia entre ambas cantidades es de aproximadamente 66 mil 400 millones de pesos.
La estrategia de comunicación
Salinas Pliego utilizó su evento de cumpleaños, que congregó a empleados y seguidores bajo el lema "Celebra los 70 del Tío Richie", como plataforma para hacer el anuncio. El mensaje, ampliamente replicado en las redes sociales de sus colaboradores, buscó posicionar al empresario con una supuesta "voluntad de pago".
"Queremos pagar. Y miren, para que no haya duda, hoy estamos publicando dos documentos: el primero, un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT donde solicitamos que nos diga cuánto es lo que hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días", declaró Salinas Pliego ante sus asistentes, quienes incluso le corearon "presidente".
El conflicto sobre el presunto acuerdo
Grupo Salinas también difundió una misiva enviada a la Presidencia hace un año. En ella, el grupo asegura que la cifra de $7,600 millones de pesos deriva de resoluciones fiscales acumuladas desde 2006 y fue supuestamente pactada con el entonces Procurador Fiscal y actual Subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla.
Según la versión del consorcio, este supuesto acuerdo no fue respetado. No obstante, las propias notas a pie de página de la carta revelan que los cálculos ofrecidos por Grupo Salinas están "sujetos a validación con el SAT", lo que sugiere que no hay un monto final ni un acuerdo formal definitivo avalado por la autoridad fiscal.
La jugada pública de Salinas Pliego presiona al SAT a dar una respuesta rápida, aunque las autoridades han insistido en que el pago no requiere negociación, sino el acatamiento de las resoluciones judiciales firmes.
