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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta un desafío a su narrativa anticorrupción. Tras la denuncia del diputado panista Federico Döring que vincula a Andrés Manuel López Beltrán con una red de huachicol fiscal, Sheinbaum optó por una defensa tajante, calificando las acusaciones como "pura politiquería".
Esta reacción contrasta con su promesa de "cero impunidad", generando un debate sobre la coherencia de su postura ante la corrupción, especialmente cuando los señalamientos tocan a figuras cercanas a su antecesor.
El choque de narrativas
En su conferencia matutina, la mandataria argumentó que las acusaciones deben basarse en pruebas sólidas, no en señalamientos políticos. Si bien esta postura es fundamental en el debido proceso, su rápida descalificación de la denuncia como un simple ataque político genera dudas. La querella, presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), no es un simple comunicado de prensa; se basa en un expediente detallado que incluye delitos como delincuencia organizada y tráfico de influencias. Además, retoma un antecedente de 2022, cuando la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ya investigaba irregularidades en las aduanas, un punto que la presidenta no abordó.
La tensión entre el discurso de "cero impunidad" y la defensa política es evidente. Al insistir en que el caso es una "estrategia de la oposición", Sheinbaum parece estar protegiendo a su administración de cualquier ataque, pero a un costo: la percepción de que la justicia podría no ser ciega cuando se trata de figuras políticas influyentes.
El papel de la fiscalía
Sheinbaum ha insistido en que la investigación corresponde a la Fiscalía, deslindando a su gobierno. Sin embargo, su intervención pública, desestimando de antemano la denuncia, podría interpretarse como una presión velada sobre las instituciones de justicia. La sociedad mexicana ha exigido históricamente que las investigaciones se realicen con total autonomía, sin importar a quién se acuse.
El verdadero compromiso con el "cero impunidad" no se demuestra en el discurso, sino en la acción y en el respeto a la independencia de las instituciones. El desenlace de este caso será un indicador clave de si el gobierno de Sheinbaum está dispuesto a cumplir su promesa, incluso cuando las acusaciones apuntan hacia su círculo político más cercano.
