Tabla de contenido
Ciudad de México.- En un movimiento que busca sacudirse las camisas de fuerza electorales que marcaron el sexenio anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado una reforma al "Plan B" electoral. El objetivo es directo: legalizar que la titular del Ejecutivo pueda hablar públicamente y defender su gestión durante el proceso de revocación de mandato, una facultad que hasta ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) ha mantenido bajo estricto control para evitar el uso de la investidura como propaganda.
Desde el atril de Palacio Nacional, Sheinbaum calificó como una limitación “absurda” el silencio impuesto durante la consulta de 2022 a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. “¿Cómo es que está sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar?”, cuestionó, en lo que parece ser un intento por normalizar la intervención política desde la máxima tribuna del país bajo el paraguas de la "libertad de expresión".
¿Libertad o propaganda?
Aunque la mandataria se apresuró a matizar que la iniciativa no pretende el uso de tiempos oficiales en radio y televisión, ni el despliegue de campañas publicitarias pagadas, la propuesta abre la puerta a una zona gris: la capacidad de la presidenta para influir en la opinión pública desde sus conferencias matutinas mientras su permanencia en el cargo está en juego.
La reforma plantea dos cambios que alteran el tablero político: Temporalidad: La consulta podría ejecutarse a la mitad del sexenio o un año después (entre 2027 y 2028).
Derecho a la palabra
Autoriza por ley que la persona sujeta al proceso se exprese sobre el ejercicio, una facultad que hoy choca frontalmente con el modelo de equidad en la contienda.
Pese a asegurar que el INE seguirá siendo el encargado de establecer los límites, la jugada de Sheinbaum traslada la presión al órgano electoral, que deberá definir dónde termina el "derecho a hablar" y dónde empieza la promoción personalizada. Para la mandataria, se trata de una herencia del movimiento: "que la gente pueda decidir si quiere que continúe la presidenta o no", pero con la ventaja de que, esta vez, la voz de la presidencia no estará silenciada por la ley.
