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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con una calculada frialdad a la polémica que envuelve al senador morenista Adán Augusto López Hernández por sus ingresos no reportados de $79 millones, utilizando su conferencia matutina para desmarcarse y, a la vez, delegar toda la responsabilidad de la aclaración.
Al rechazar de plano el "fuego amigo" o las "insidias" desde su gobierno, la mandataria opta por la retórica del honestismo y la transparencia. La frase clave es: "si tiene que aclarar más cosas que las aclare. No hay ningún problema". Esta declaración, lejos de ser un espaldarazo incondicional, funciona como una invitación a la autocorrección o a la autodestrucción política. En el contexto de un movimiento que ondea la bandera de la "no corrupción", la carga de la prueba recae enteramente en el señalado.
El "no cubrimos a nadie" vs. La sombra de la filtración
El mensaje de Sheinbaum es doble: por un lado, ratifica el dogma de la 4T: "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo" y su supuesto compromiso con la justicia, aludiendo a que se procede contra cualquier militante de cualquier partido que tenga pruebas en su contra. Por el otro, busca limpiar la imagen de su administración al negar categóricamente haber filtrado los documentos fiscales de Adán Augusto, calificando esa práctica como un vicio del "gobierno anterior".
Esta postura, sin embargo, genera un vacío crítico. Al afirmar que no hubo "fuego amigo", pero que el senador debe aclarar las "cosas", Sheinbaum coloca a López Hernández en una posición de fragilidad política y fiscal mientras, al mismo tiempo, defiende la pureza de sus filas. La negativa a investigar de oficio —señalando que "hasta el momento" no hay investigación en su contra—, a pesar de que la información de los ingresos millonarios proviene de documentos fiscales, deja la impresión de que el mecanismo de la transparencia solo se activa por iniciativa externa o por conveniencia política, no como una obligación proactiva del Estado.
La responsabilidad individual como escudo gubernamental
El argumento final de la presidenta es una defensa del debido proceso, indicando que, de encontrar irregularidades, se presentan las denuncias ante la Fiscalía General de la República o la Secretaría Anticorrupción. Pero al insistir en que "nosotros no andamos filtrando documentos" y que esa es una "práctica que no va con nuestro gobierno," desvía la atención del meollo del asunto: la aparente opacidad de un alto funcionario de su partido y la inconsistencia entre su declaración patrimonial pública y sus ingresos reales.
En suma, la respuesta de Sheinbaum funciona como un ejercicio de control de daños: mantiene la bandera de la incorruptibilidad de su gobierno intacta, condena las filtraciones como arma política (sin importar si la información es verídica) y, lo más importante, transfiere el costo político de la controversia al senador Adán Augusto López.
La nota crítica, entonces, no recae solo en la veracidad o falsedad del "fuego amigo", sino en la calculada distancia política que la presidenta ha decidido tomar, transformando una crisis de transparencia de un aliado en una cátedra de deslinde personal bajo el manto de la supuesta rectitud legal.
