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México.- En medio del paro nacional de transportistas y agricultores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscó desmentir que la falta de diálogo sea la causa de las movilizaciones, al tiempo que ligó las protestas a la controversia generada por su iniciativa de Ley General de Aguas.
La mandataria anunció que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá una conferencia para detallar los avances con los sectores en conflicto.
"Es importante que todos sepan que se les ha atendido, han habido mesas de trabajo. No es que estén bloqueando porque no hay diálogo", subrayó Sheinbaum.
Sin embargo, la Presidenta señaló que los manifestantes han incorporado un nuevo tema a sus demandas: la Ley de Aguas, un proyecto que se encuentra en discusión en el Congreso y que ha generado fuertes resistencias.
"Quien tiene acaparadas concesiones pues no le gusta la ley de aguas pero también hay que seguir avanzando", declaró, indicando que hay foros abiertos para que las opiniones sean vertidas.
Adiós al "mercado negro" del agua
La iniciativa de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales fue enviada por Sheinbaum a la Cámara de Diputados a inicios de octubre, con el objetivo de revertir la legislación de 1992 que permitió que las concesiones de agua fueran tratadas como bienes comerciables entre particulares.
La propuesta, impulsada para restituir el carácter nacional del recurso, busca alinear la legislación con los Artículos 4∘ y 27∘ de la Constitución. La Presidenta enfatizó que la reforma prohíbe la transferencia mercantil de los títulos de concesión:
"El agua, por la Constitución, es un recurso de la nación, y se puede concesionar. Lo que ya no se va a poder es vender los títulos de concesión ni transmitirlos si hay cambio de uso de suelo."
Entre los puntos más destacados de la propuesta están:
· Combate al Acaparamiento: Eliminación de la transferencia mercantil de concesiones.
· Vigilancia y Sanciones: Creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales y fortalecimiento de las penas. El director de Conagua, Efraín Morales López, indicó que se prevén penas de uno a diez años de prisión y multas de 300 a 4 mil días para el robo y uso indebido del agua.
· Transparencia: Implementación de un nuevo Registro Nacional del Agua y mejora en los sistemas de medición.
La iniciativa, según Conagua, busca un esquema de administración más transparente y un uso eficiente del recurso, a pesar de las presiones que se manifiestan hoy en las carreteras.
