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Ciudad de México.- El combate al "huachicol fiscal" –la importación ilegal de combustibles para evadir miles de millones en impuestos— ha escalado a un nivel binacional, involucrando directamente a compañías de Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas carpetas de investigación que señalan a empresas con sede en el país vecino.
Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina de este día, la mandataria calificó de inaceptable la magnitud del contrabando de hidrocarburos. "No se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal," sentenció Sheinbaum, refiriéndose a un esquema que no solo afecta las finanzas públicas, sino que también desplaza a la industria energética nacional.
Doble investigación: FGR y Departamento de Justicia
La presidenta destacó que la lucha contra esta evasión aduanal está rindiendo frutos tangibles: "El combustible ilegal que entra a México ya es bastante menos a partir de la investigación que se hizo, de las atenciones que ha habido y de la vigilancia mayor que se tiene en aduanas."
Como indicador de este éxito, Sheinbaum mencionó el repunte en la venta legal de gasolinas y diésel directamente de Pemex, así como el incremento en las importaciones lícitas de empresas privadas.
Además, la jefa del Ejecutivo Federal reveló que el gobierno de Washington también está actuando. "Estados Unidos también lo mencionó y tiene investigaciones," aseguró, confirmando que el Departamento de Justicia de EE. UU. realiza pesquisas paralelas sobre este flujo ilícito de hidrocarburos hacia México.
Ikon Midstream y la máscara de "lubricantes"
El involucramiento de empresas norteamericanas se alinea con reportajes de inteligencia que han documentado la sofisticación de esta red.
Una investigación de la agencia Reuters apuntó a la compañía Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, como facilitadora clave en el contrabando masivo de diésel. El mecanismo consistía en comprar combustible en Canadá, transportarlo a través de buques, y declararlo falsamente como "lubricantes" en los puertos mexicanos (como Ensenada y Guaymas) para evadir millones de dólares en impuestos federales.
Según la misma fuente, esta operación transfronteriza no solo se basaba en la evasión fiscal, sino que estaba presuntamente respaldada por el crimen organizado en México, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que utilizaría a empresas fachada como Intanza (con base en Monterrey) para la recepción y distribución del combustible ilegal.
La confirmación de la presidenta Sheinbaum subraya que el "huachicol fiscal" es, en esencia, un problema binacional que combina la colusión empresarial, la corrupción aduanal y el poder financiero de los grupos delictivos.
