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Ciudad de México - La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una nueva Ley Orgánica de la Armada de México (LOAM), una reforma que busca expandir y modernizar las facultades operativas de la Marina, pero que aterriza en medio de una intensa polémica por las acusaciones de presunta participación de miembros de la fuerza en redes de robo de combustible (huachicol).
La propuesta, revelada por el diario Milenio, es significativa no solo por los cambios internos de la institución, sino por su implicación en el esquema de seguridad pública y la creciente militarización del país.
Más poder en alta mar y ciberdefensa
El proyecto de ley amplía drásticamente el margen de acción de la Armada en el combate a actividades ilícitas. Entre las nuevas atribuciones se incluye la capacidad de ejecutar operativos de persecución, abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones que transiten tanto en la Zona Económica Exclusiva de México como en aguas internacionales.
En la exposición de motivos, la presidenta Sheinbaum argumentó la necesidad de "actualizar la misión de la Armada para proteger los intereses marítimos nacionales", esenciales para el desarrollo social y comercial del país.
Además de las operaciones físicas en el mar, la ley propone integrar a la Armada en dos frentes clave:
· Ciberdefensa y ciberseguridad: La institución participaría activamente en operaciones militares y en la elaboración de políticas de defensa en el espacio digital.
· Inteligencia artificial: Se incorpora el uso de la IA como una "herramienta tecnológica" para optimizar sus tareas y la política nacional de defensa marítima.
La consolidación de la militarización: Marina y Guardia Nacional
Una de las disposiciones con mayor calado político es la que permite que las facultades operativas de la Armada de México se realicen "en conjunto con la Guardia Nacional".
Este punto consolida la estrategia de seguridad heredada del sexenio anterior, pues la Guardia Nacional fue recientemente traspasada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por decisión de la presidenta Sheinbaum.
De aprobarse, esta sinergia entre Marina y la Guardia Nacional, ahora ambas bajo control militar, formalizaría un incremento en la presencia y las atribuciones de las Fuerzas Armadas en tareas que tradicionalmente correspondían a autoridades civiles.
El proyecto también incluye una modificación interna a la jerarquía, cambiando el nombre del puesto máximo en la institución, el Estado Mayor de Operaciones Navales, a Jefatura de Operaciones Navales, con el objetivo declarado de optimizar la gestión.
Críticos de la militarización señalan que esta reforma, al igual que otras recientes, profundiza la dependencia del Estado mexicano en las Fuerzas Armadas para la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, a pesar de los recientes escándalos que tocan directamente a la institución naval.
