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Ciudad de México.- Tras el reciente aval a la reforma constitucional contra el delito de extorsión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso una serie de iniciativas de leyes secundarias para instrumentar y potenciar las nuevas disposiciones. El objetivo central es elevar a rango de ley la estrategia federal de combate a este delito y endurecer las penas.
Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, informó en conferencia de prensa que las reformas buscan establecer sanciones de entre 6 a 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad y los agravantes del caso.
Agravantes clave para aumentar la pena
La iniciativa presidencial detalla que se contemplarán penas más severas en los siguientes casos:
1. Cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o funcionarios públicos.
2. Cuando la extorsión se configure como "cobro de piso".
3. Cuando la práctica delictiva se realice desde centros penitenciarios.
Unificación legal y mayor coordinación
La Consejera Godoy explicó que un eje fundamental de las reformas es la unificación del tipo penal y las sanciones en las legislaciones de los 32 estados. Actualmente, la disparidad en las leyes estatales dificulta la persecución efectiva del delito.
Además, se buscará establecer por disposición legal una mayor coordinación operativa y de inteligencia entre las diferentes instancias competentes de los tres niveles de gobierno para enfrentar de manera integral la delincuencia organizada que opera este delito.
Las adecuaciones normativas se presentarán en leyes clave del sistema de justicia penal:
· Código Penal Federal.
· Código de Procedimientos Penales.
· Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
· Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Con estas modificaciones, el gobierno federal busca garantizar la aplicación homogénea y contundente de la justicia, dando respaldo legal a las estrategias que, según Godoy, han demostrado ser efectivas en la prevención y combate de la extorsión.
