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Ciudad de México.- El gobierno de México prepara una reforma electoral que pondría bajo la lupa a quienes buscan competir por un cargo público. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca crear filtros para detectar posibles vínculos con el crimen organizado antes de que las candidaturas lleguen a las boletas.
Filtros contra el crimen
La iniciativa que será enviada al Congreso plantea la creación de una instancia dentro de las autoridades electorales encargada de revisar antecedentes de aspirantes. La verificación incluiría consultas con fiscalías, áreas de inteligencia y unidades antilavado para rastrear investigaciones penales, operaciones financieras sospechosas o posibles nexos con grupos delictivos.
De acuerdo con el planteamiento, partidos políticos podrían entregar voluntariamente los nombres de sus aspirantes para una revisión previa. Sin embargo, el mecanismo no sería obligatorio ni tendría efectos automáticos para impedir una candidatura.
Sheinbaum ha sostenido que su administración no protegerá a funcionarios con señalamientos criminales. “No se encubre a nadie, cuando hay pruebas se procesa”, ha dicho.
El anuncio ocurre tras casos recientes de autoridades locales detenidas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en un contexto donde el propio gobierno federal ha reportado decenas de funcionarios investigados o arrestados desde 2024.
Rumbo a elecciones 2027
La reforma está pensada para entrar en vigor antes de las elecciones de 2027, cuando se renovarán gubernaturas, alcaldías y el Congreso. El objetivo, según el Ejecutivo, es cerrar el paso a perfiles con riesgos criminales en una de las jornadas electorales más amplias del sexenio.
