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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que en 2025 la inversión en programas sociales alcanzará “un billón de pesos”, una cifra inédita en la historia reciente del país. “Y luego se preguntan, ¿por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T?”, señaló durante la conferencia matutina, al vincular directamente el respaldo ciudadano al monto de recursos que, dijo, llegan “directo a la gente, sin intermediarios”.
Sheinbaum insistió en que los apoyos se entregan sin condicionamientos políticos: “A nadie se pregunta por quién va a votar para darle un apoyo o de qué partido eres, como era en el pasado… la mayoría son programas universales”. La mandataria comparó el crecimiento del gasto social con cifras de años previos: en 2019, primer año de gobiernos de la 4T, el presupuesto era de 291.000 millones de pesos; para 2025, aseguró, el monto llegará a 850.000 millones y se encamina al billón.
La presidenta atribuyó este incremento a una mayor recaudación, particularmente en aduanas, donde —dijo— se obtuvieron 250.000 millones de pesos adicionales este año. “La recaudación adicional en 2025, a un mes que termine el año, es de cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió Argentina a Estados Unidos? Ese monto”, afirmó. También anticipó que las leyes aprobadas para “cerrar el paso a las factureras completamente” permitirán continuar elevando los ingresos sin subir impuestos.
“¿Cómo vamos a poder llegar al billón? Igual… para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene, para construir derechos sociales. Esa es la transformación”, añadió.
Carlos Torres, coordinador general de los Programas de Bienestar, informó que este año se beneficiará a 33,39 millones de personas, con un avance de 98% en la entrega de apoyos. De los 850.000 millones presupuestados, dijo, se han ejercido 774.837 millones —91% del total— y solo resta el pago final de becas antes de concluir 2024.
Pese al tono optimista del Gobierno, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad de un gasto social que depende de ingresos extraordinarios y del combate a la evasión, así como sobre los mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto real de la expansión del bienestar en las finanzas públicas a largo plazo.
