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México.- A dos semanas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que dejó 14 muertos y varios heridos, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a exigir rapidez a la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación, al tiempo que pidió acelerar la “reparación integral del daño” a las víctimas.
Sin embargo, sus declaraciones plantean más preguntas que certezas. Sheinbaum aseguró que “no es necesario” que las víctimas sean representadas por abogados, argumentando que algunos bufetes buscan solo “conseguir dinero para ellos”. La funcionaria aseguró que la reparación será garantizada por el gobierno, aunque no detalló plazos concretos ni mecanismos que eviten posibles retrasos.
La presidenta también defendió la carpeta de investigación abierta por la FGR, señalando que otras denuncias “se suman a la carpeta” y que la fiscalía debe emitir conclusiones. Sin embargo, a más de dos semanas del accidente, la causa exacta del descarrilamiento sigue sin esclarecerse. Sheinbaum insistió en que los peritos especializados determinarán si hubo anomalías, aunque afirmó que “no detectaron ninguna” en el tramo afectado, sin aportar evidencia concreta.
En paralelo, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, confirmó que la licitación para la seguridad privada del Tren Interoceánico quedó desierta y que la empresa anterior seguirá operando bajo una ampliación de contrato de un mes, en medio de cuestionamientos sobre la efectividad de la vigilancia del ferrocarril.
La presidenta aseguró que la FGR trabaja con la Marina y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y que peritos del Colegio de Ingenieros apoyarán en los peritajes. No obstante, el mensaje oficial sigue siendo general: la Fiscalía aún no emite dictamen y el origen del accidente—si fue falla técnica, negligencia o sabotaje—permanece sin confirmación.
La presión de Sheinbaum a la FGR y su insistencia en “no necesitar abogados” refleja un intento de controlar la narrativa y garantizar que la reparación dependa exclusivamente del gobierno, mientras las víctimas enfrentan la incertidumbre de un proceso judicial y administrativo que avanza con lentitud.
