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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a revisar las quejas de transportistas por cobros excesivos y prácticas discrecionales de concesionarios de grúas y corralones en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Durante la conferencia matutina del 24 de febrero, Bajo Palabra+mx expuso que integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos han denunciado que, pese a reuniones previas con dependencias federales, los abusos persisten y las quejas tardan meses en resolverse. Entre los problemas señalados figuran tarifas no homologadas, falta de trazabilidad en los servicios de arrastre y presuntas irregularidades en permisos.
La mandataria indicó que el secretario Jesús Antonio Esteva Medina y la subsecretaria Tania Carro volverán a atender a los transportistas para revisar sus solicitudes. “Vamos a pedirle al secretario Esteva y a Tania Carro que los pueda atender nuevamente y que se revise todo lo que están solicitando”, afirmó.
Respuesta presidencial: instruyen a SICT revisar tarifas, sistemas y permisos
Las demandas presentadas incluyen el cumplimiento obligatorio de tabuladores oficiales de tarifas en los tres niveles de gobierno; el uso generalizado del Sistema Informático de Registro de Servicios (SIRSE) para todas las grúas con permiso o concesión; y la revocación de autorizaciones a empresas que no utilicen el sistema ni cuenten con GPS, lo que impide verificar los recorridos y los tiempos del servicio.
También solicitaron la creación de un canal nacional de denuncia digital con seguimiento público y plazos definidos de resolución, así como una revisión total de los corralones federales y estatales para comprobar que operen con permisos vigentes.
La intervención presidencial se dio tras señalarse que los cobros elevados y la falta de control afectan directamente a transportistas de distintas regiones del país. La revisión anunciada se centrará en evaluar los mecanismos de supervisión, la aplicación de tarifas oficiales y la operación de los sistemas de registro.
Hasta el momento, no se informó de fechas para los resultados de la revisión ni de posibles sanciones, pero el Ejecutivo federal planteó que se analizará cada uno de los puntos planteados por el sector para definir medidas administrativas.
