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Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal está preparando una reforma legal para que los bienes adquiridos mediante corrupción puedan ser sometidos a la extinción de dominio. La mandataria usó como ejemplo el caso de Campeche, donde el gobierno de Layda Sansores ha expropiado predios ligados al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien Sheinbaum señaló por presunto lavado de dinero.
"Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y por eso viene este esquema", afirmó la presidenta durante su conferencia matutina.
Bienes mal habidos para la educación pública
Sheinbaum detalló que la reforma busca simplificar y ampliar el alcance de la ley, permitiendo que la corrupción sea una causal directa para que el Estado tome posesión de los inmuebles. El objetivo principal es que estos bienes sean destinados a fines sociales.
“Si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que es incluso con recursos públicos o mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues que se entregue a la Secretaría de Educación Pública para hacer escuelas o universidades,” declaró la presidenta.
La jefa del Ejecutivo reconoció que el proceso actual de extinción de dominio es "muy difícil", incluso en casos de delincuencia organizada donde la responsabilidad penal de la persona ya está probada. La modificación legal busca cerrar estas lagunas.
El caso Campeche, el motor de la reforma
Al referirse a la acción del gobierno de Campeche contra personas vinculadas a Alejandro Moreno, incluyendo a su madre y a José Juan Salazar (identificado como presunto prestanombres), Sheinbaum respaldó la medida y la usó como un claro ejemplo de la necesidad del cambio:
"Cualquier cosa la tiene que determinar un juez, pero si se adquiere un predio tiene que demostrarse evidentemente [su origen]. Necesitamos que la extinción de dominio sea un instrumento para la justicia social."
Con esta reforma, promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el gobierno busca fortalecer la lucha contra la impunidad y asegurar que el patrimonio robado a la nación regrese a manos de la sociedad, beneficiando directamente al sector educativo.
