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Metepec, Estado de México. – Lo que el empresario Ricardo Salinas Pliego califica como una "persecución política" digna de tribunales internacionales, para el Gobierno de México es un simple trámite de cobranza pendiente. Tras el anuncio de que el magnate acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta Claudia Sheinbaum dio carpetazo a la narrativa de victimización, asegurando que el cumplimiento de impuestos no es una violación a las garantías individuales.
El fallo de la Corte: El fin de la ruta legal
Desde el C5 de Metepec, Sheinbaum fue clara: el tiempo de los amparos se terminó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya desechó los recursos del empresario, validando la facultad del SAT para exigir el cobro de adeudos que han sido objeto de litigio por años.
“No hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT que la Corte ya dijo que es válido”, sentenció la mandataria, subrayando que las resoluciones de los tribunales no son opcionales.
La estrategia del SAT: Notificación y "pagos chiquitos"
La Presidenta confirmó que la maquinaria fiscal ya se puso en marcha:
· Notificación formal: El empresario ya recibió el documento oficial con el monto específico determinado por el último tribunal colegiado.
· Plazos fatales: La administración federal advirtió que los tiempos legales están corriendo y no habrá excepciones.
· La oferta: En un movimiento que muchos leyeron como una respuesta mordaz al eslogan de las tiendas del empresario, Sheinbaum recordó que la ley permite el pago en parcialidades. "Pueden pagar no en una sola exhibición, sino en varias. Eso es lo que marca la ley", puntualizó.
¿Distracción internacional o defensa legítima?
La decisión de Salinas Pliego de llevar el caso a la CIDH es vista por analistas como un intento de internacionalizar un conflicto estrictamente fiscal para ganar tiempo o generar presión política en un momento de tensión con Estados Unidos.
Sin embargo, para el Gobierno de México, la ruta es administrativa. Sheinbaum dejó claro que su administración no entrará en el juego de la retórica política y que simplemente están a la espera de que se cumplan los plazos para que las empresas del Grupo Salinas regularicen su situación conforme a derecho.
