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Ciudad de México.- Al presentar un estudio sobre la situación de la Desaparición de Personas en México, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió las reformas legales impulsadas en este sexenio, asegurando que han permitido la construcción de un Sistema Integral de búsqueda y la localización de 31 mil personas. El cambio clave, sostuvo, es que ahora la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales están obligadas a levantar carpetas de investigación ante cualquier reporte, sistematizando mejor la información.
Transparencia vs. Inconsistencias de origen
Sheinbaum fue crítica con la forma en que se alimentó el Registro Nacional en el pasado. Señaló que, de origen, la plataforma permitía que cualquier persona subiera información deficiente. En la revisión actual, se identificaron inconsistencias graves que impiden realizar gestiones de localización en una importante proporción de casos.
"Lo hacemos responsablemente, cualquier persona puede verificar con total transparencia esta información", afirmó la mandataria.
En muchos expedientes, detalló, solo se cuenta con apodos o referencias mínimas, lo que imposibilita totalmente las labores de búsqueda. A partir de las reformas de este sexenio, esto ya no es posible, pues se exige contar con toda la información y la apertura obligatoria de una carpeta de investigación.
El cruce de datos y el análisis de contexto
La mandataria destacó la utilidad de cruzar información entre instituciones. Gracias a esta gestión, se detectó que personas reportadas como desaparecidas habían realizado trámites recientes en instituciones públicas o privadas. Tras verificar los domicilios, se logró localizar a poco menos de seis mil personas que seguían en el registro.
- El panorama numérico: De los 132 mil 534 reportes en el Registro Nacional, solo en 43 mil 128 casos se tiene la información completa y se confirma la condición de desaparecidas.
Finalmente, Sheinbaum explicó que el Protocolo Homologado de Búsqueda permite a las fiscalías desarrollar análisis de contexto. Al indagar en redes sociales y entornos familiares, se puede determinar si la desaparición está vinculada a problemas familiares, o bien, a un reclutamiento forzado del crimen organizado o trata de personas. Sobre los 43 mil casos con datos completos y sin rastro de trámites posteriores, la mandataria señaló que ya se investigan posibles vínculos con la delincuencia organizada.
