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Ciudad de México – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo endureció la postura de México respecto a la crisis política en Perú, declarando que la destituida mandataria Dina Boluarte llegó a la Presidencia en diciembre de 2022 mediante un “golpe de Estado” orquestado tras la remoción de Pedro Castillo.
En su conferencia de prensa matutina de este viernes, Sheinbaum reafirmó la posición que el gobierno mexicano ha mantenido desde el inicio del conflicto, a pesar de que la destitución de Castillo fue aprobada por el Congreso peruano.
"Ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Pedro Castillo", afirmó Sheinbaum Pardo, dejando claro que México nunca consideró legítima la transición que llevó a Boluarte al poder.
Solidaridad con Castillo y exigencia de juicio justo
La jefa del Ejecutivo mexicano subrayó que la solidaridad de su gobierno se mantiene con Pedro Castillo, quien fue destituido y posteriormente encarcelado.
La mandataria reafirmó la exigencia de México para que Castillo recupere su libertad y sea sometido a un juicio justo conforme a los principios democráticos y de derechos humanos. "Nuestra insistencia [es] que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo," enfatizó.
El comentario de Sheinbaum se produce luego de que el Congreso de Perú destituyera a Boluarte por "incapacidad moral permanente" con una votación de 123 votos a favor, acelerando el proceso en medio de una intensa crisis política y protestas sociales.
La caída de Boluarte y la inestabilidad crónica
Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, asumió el cargo tras la remoción de este último en diciembre de 2022. Su ascenso generó una ola de críticas y protestas, particularmente entre los simpatizantes de Castillo, que cuestionaron la legalidad de la sucesión.
La reciente destitución de Boluarte por el mismo Congreso que la había respaldado subraya la inestabilidad crónica del sistema político peruano. El país ha experimentado una alta rotación presidencial, con al menos seis mandatarios desde 2018 que han salido del poder por renuncias o destituciones, consolidando una crisis institucional sin precedentes en la región.
