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Sheinbaum exige a la SCJN transparencia en compra de camionetonas blindadas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adquirió nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas por uso de los ministros de la 4T.

La Corte y sus camionetonas.

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Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó su postura sobre la reciente adquisición de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunque la Secretaría de Gobernación recibió un reporte técnico que justifica el gasto como una medida de austeridad —argumentando que la compra directa sustituyó un costoso contrato de arrendamiento—, Sheinbaum fue enfática en que el ahorro no exime la rendición de cuentas.

"Todo ello tiene que informarlo la Corte", señaló la presidenta, instando al tribunal a explicar si existen amenazas específicas que justifiquen este nivel de protección para sus integrantes.

Un Pleno bajo escrutinio

La mandataria también abordó las críticas hacia el desempeño del nuevo pleno de la Corte, el cual ha emitido fallos favorables a reformas impulsadas por la actual administración y el Congreso. Ante los cuestionamientos sobre una posible pérdida de autonomía, Sheinbaum evitó emitir juicios directos y defendió la publicidad de los debates actuales.

Puntos clave del pronunciamiento:

  • Transparencia: La SCJN debe detallar los criterios de seguridad y riesgos que motivaron la compra.
  • Ahorro reportado: El cambio de esquema (de renta a propiedad) habría ahorrado más de mil millones de pesos al erario.
  • Debate público: Sheinbaum contrastó las sesiones actuales con el pasado, asegurando que hoy los argumentos de los ministros son visibles para la ciudadanía, a diferencia de los antiguos acuerdos privados.

Finalmente, la presidenta recordó que la labor de la Corte es meramente constitucional y que, así como ahora hay coincidencias, en el pasado existió un bloque sistemático contra las iniciativas del Ejecutivo, por lo que los fallos deben analizarse bajo criterios legales y no solo políticos.

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