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Ciudad de México.– En el marco de su gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió contra las jubilaciones de élite en el sector público, confirmando que el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, percibe una pensión mensual de 120 mil pesos por su breve paso por Nacional Financiera (Nafin).
La mandataria cuestionó la ética del exfuncionario, señalando como un exceso que cobrara dicho monto del erario mexicano de manera simultánea a su gestión como director de la OCDE en Francia.
El "privilegio" bajo la lupa
“Ya que salió público, lo podemos decir”, señaló la jefa del Ejecutivo durante su conferencia de prensa, donde calificó la situación como injustificable. Sheinbaum puso en duda la congruencia de recibir una pensión de este calibre mientras se ostentaba uno de los cargos mejor remunerados a nivel internacional: “¿Cuánto ganaría como director de la OCDE?”, cuestionó.
Este señalamiento se da en el contexto de la propuesta de reforma constitucional que busca establecer topes máximos a las pensiones de los funcionarios públicos, especialmente de aquellos que ocuparon cargos de confianza por periodos cortos.
Precisiones sobre la Reforma: Fuerzas Armadas quedan fuera
Para evitar controversias en el sector militar, la Presidenta aclaró los alcances de su iniciativa:
- Sin impacto militar: La reforma no involucra al personal de las Fuerzas Armadas.
- Objetivo: Se enfoca exclusivamente en funcionarios de confianza que, con pocos años de servicio, obtuvieron pensiones que la mandataria calificó como "no justificadas".
- Caso María Amparo Casar: Sheinbaum adelantó que, de aprobarse la reforma, la pensión de Casar también deberá ajustarse al tope máximo, independientemente del proceso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR).
Con esta ofensiva, el Gobierno Federal busca cimentar el discurso de austeridad republicana, apuntando directamente a las figuras que coordinaron la política económica y social en sexenios anteriores.
