Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó el caso de Guerrero para cuestionar el costo de la clase política en los estados, al señalar que el Congreso local representa un gasto anual de 823 millones de pesos, una cifra que, en promedio, equivale a casi 18 millones de pesos al año por cada uno de los 46 diputados.

Durante su intervención, la mandataria planteó que el gasto legislativo en entidades con altos niveles de pobreza resulta difícil de justificar frente a las necesidades sociales y de infraestructura que enfrentan las poblaciones.

La crítica se enmarca dentro de la propuesta de reforma electoral y administrativa impulsada por el gobierno federal, que busca establecer límites al financiamiento de los poderes legislativos locales y reducir costos del aparato político.

El costo del Congreso en un estado con carencias

 El señalamiento presidencial pone en la mesa el tamaño del gasto público destinado a la operación del Congreso de Guerrero.

De acuerdo con las cifras mencionadas, mantener a los 46 diputados locales implica un presupuesto anual de 823 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 18 millones de pesos por legislador al año.

El dato ha generado debate debido al contraste con las condiciones sociales del estado, que mantiene altos niveles de pobreza y rezago en servicios básicos.

Regidores de Acapulco, una crítica que no es nueva

 En el mismo contexto, la presidenta también volvió a cuestionar el número de regidores que integran el Cabildo de Acapulco, actualmente conformado por 20 ediles, al considerar que la estructura administrativa resulta excesiva frente a las necesidades de la ciudad.

 La mandataria planteó que el dinero destinado a mantener estructuras políticas podría redirigirse a obras públicas y servicios básicos.

 Sin embargo, el cuestionamiento al tamaño del Cabildo no es nuevo. El tema fue señalado previamente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su administración también criticó el número de regidores en el puerto. A pesar de esas observaciones, ni la cantidad de regidores ni sus salarios fueron modificados.

 Debate sobre el tamaño del aparato político

El señalamiento presidencial reabre el debate sobre el tamaño y costo de los órganos de representación política en los estados.

Mientras desde el gobierno federal se plantea la necesidad de reducir gastos y reorientar recursos hacia infraestructura y servicios, legisladores y autoridades locales deberán enfrentar una discusión pública sobre el tamaño de sus estructuras administrativas y su impacto en el gasto público.

En entidades como Guerrero, donde los rezagos sociales siguen siendo amplios, el contraste entre el costo del aparato político y las necesidades de la población vuelve a colocarse en el centro del debate.