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Ciudad de México.- Bajo el manto de la autonomía constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió este martes 10 de marzo postergar la limpieza profunda que exigen las fiscalías y ministerios públicos del país.
Pese a las evidencias de que la procuración de justicia es un "agujero negro" marcado por la corrupción y la colusión con el crimen, la mandataria descartó enviar una iniciativa de reforma en el corto plazo, delegando la solución a los mismos congresos locales que han convertido los cargos de fiscal en cotos de poder político.
La decisión de Sheinbaum deja intacto un sistema donde el Ministerio Público sigue siendo el mayor obstáculo para la justicia, operando bajo lógicas de extorsión y fabricación de culpables, mientras el Ejecutivo se limita a observar desde la barrera institucional.
La ciencia ausente y la justicia de "ejemplo"
En un país donde el 98% de los delitos no se castigan, la investigación científica brilla por su ausencia. En lugar de una intervención estructural para profesionalizar los servicios periciales y desvincular a las policías ministeriales de las estructuras delictivas, la apuesta presidencial se reduce a un "plan de trabajo" que presentará Ernestina Godoy en la FGR. Según Sheinbaum, este modelo federal debería servir de "ejemplo" para las entidades federativas, una esperanza que choca con la realidad de las fiscalías estatales, carentes de presupuesto, tecnología y voluntad para dejar de lado los "ajustes de cuentas" judiciales.
El aplazamiento de una deuda histórica
“No tenemos contemplado enviar alguna iniciativa, pero puede llegar a ocurrir”, fue la frase con la que la Presidenta cerró la puerta a una demanda social urgente. Con esta postura, el Gobierno Federal evita confrontar directamente a las castas judiciales de los estados, permitiendo que la "autonomía" siga siendo el blindaje perfecto para que los fiscales omitan pruebas, ignoren protocolos científicos y perpetúen la impunidad.
Para las víctimas, el mensaje de hoy es desolador: la transformación de la justicia tendrá que esperar a que el "ejemplo" de la FGR logre, por inercia, lo que la voluntad política se niega a imponer por decreto.
