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Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reconfigura de fondo las reglas del mercado audiovisual en México. La propuesta de nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual no solo sustituye a la actual Ley Federal de Cinematografía: introduce por primera vez una regulación directa a las plataformas de streaming y redefine qué se considera producción nacional.
El eje de la reforma apunta a un actor que hasta ahora operaba sin obligaciones específicas de fomento cultural: los servicios de video bajo demanda. Según la exposición de motivos, el crecimiento acelerado de estas plataformas no ha estado acompañado de mecanismos que incentiven económicamente la producción mexicana ni garanticen la representación cultural del país en sus catálogos.
Streaming bajo nuevas reglas
La iniciativa establece que las plataformas deberán ajustarse a disposiciones orientadas a fortalecer la cadena de valor nacional, desde la producción hasta la exhibición. El objetivo es evitar que concentren beneficios económicos sin reinvertir proporcionalmente en contenidos mexicanos.
Además, se redefine el concepto de obra nacional. Para que una producción sea considerada mexicana, deberá contar con al menos 20% de derechos patrimoniales en manos de empresas o personas mexicanas y un equilibrio en la participación creativa y técnica. En ciertos casos —cuando exista interés cultural nacional y predominio de talento mexicano— bastará con 10%.
La propuesta también incluye un capítulo de estímulos fiscales cuyo diseño y montos globales quedarán en manos de la Secretaría de Hacienda.
Cambian las reglas en las salas
En el frente tradicional, la reforma modifica la fórmula de exhibición en salas comerciales. El mínimo obligatorio para películas mexicanas ya no se medirá por porcentaje de tiempo anual, sino por número de funciones semanales en cada complejo.
Se plantea un piso de 14 días de exhibición —el doble de lo vigente— y la obligación de proyectar tráilers nacionales en condiciones equitativas durante las dos semanas previas al estreno. También se propone garantizar horarios comparables a los de películas extranjeras.
En materia de inclusión, las producciones deberán integrar subtitulaje descriptivo y tecnologías asistivas para personas con discapacidad auditiva y visual, alineándose con estándares internacionales.
Memoria fílmica como patrimonio
La iniciativa dedica un apartado específico a la preservación del patrimonio audiovisual. Se establece la obligación de entregar una copia en la mejor calidad posible de cada largometraje mexicano al fideicomiso de la Cineteca Nacional para su resguardo y restauración.
Con ello, el gobierno busca blindar la memoria cinematográfica como parte del patrimonio cultural mexicano.
Un rediseño del mercado cultural
Más allá del discurso cultural, la propuesta supone un rediseño de las relaciones económicas entre el Estado, los exhibidores, los creadores y las grandes plataformas tecnológicas. La discusión en comisiones anticipa un debate intenso entre quienes ven la medida como un acto de soberanía cultural y quienes advierten posibles tensiones comerciales.
De aprobarse, México se sumaría a la tendencia internacional de regular el streaming, pero con un modelo propio que combina cuotas indirectas, estímulos fiscales y obligaciones de exhibición.
