Tabla de contenido
Ciudad de México.- La disputa por nueve islas del río Bravo llegó a la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum rechazó que Texas pueda adjudicarse esos territorios por decisión propia y dejó claro que su pertenencia no depende de lo que anuncie un gobierno estatal estadounidense.
La mandataria señaló que la delimitación de la frontera entre México y Estados Unidos tiene reglas establecidas en acuerdos internacionales y que corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) determinar la situación de los terrenos.
También consideró que el pronunciamiento texano tiene un trasfondo político relacionado con las elecciones legislativas que se celebran este martes en Estados Unidos.
Una disputa de 27 hectáreas
El conflicto involucra nueve islas que, en conjunto, abarcan aproximadamente 26.7 hectáreas del río Bravo.
El pasado 26 de octubre, Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, anunció que la Oficina General de Tierras de ese estado había identificado los terrenos como propiedad texana.
La funcionaria justificó la medida con el argumento de que permitiría facilitar el acceso de corporaciones de seguridad estatales y federales para realizar labores de vigilancia fronteriza y combatir posibles actividades ilícitas.
Sin embargo, el anuncio no modifica por sí mismo la frontera reconocida entre los dos países.
México se apoya en tratados
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya había rechazado el planteamiento el 30 de octubre. La dependencia recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera en el río Bravo sigue el centro de su cauce normal.
Este criterio resulta fundamental para establecer a qué país pertenece cada terreno, especialmente porque las islas pueden aparecer o cambiar de ubicación debido a los movimientos naturales del río.
Por ello, la CILA es la instancia bilateral encargada de aplicar los acuerdos y realizar las determinaciones técnicas correspondientes.
Sheinbaum insistió en que Texas no puede alterar esos límites por cuenta propia. La controversia tendrá que resolverse mediante los procedimientos acordados por México y Estados Unidos, no a partir de una declaración de las autoridades texanas.
