Table of Contents
Ciudad de México.- En una declaración que pone de relieve las lagunas del federalismo electoral en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sentenció que la revocación de mandato para los gobernadores no es una obligación institucional uniforme, sino una "decisión personal" de cada mandatario estatal.
Mientras que para la Presidencia de la República el ejercicio es un mandato constitucional ineludible, en las entidades federativas la aplicación de este mecanismo sigue siendo un terreno pantanoso, marcado por la voluntad política y legislaciones locales desiguales.
El "Efecto Jara" y la brecha constitucional
El pronunciamiento surge tras el anuncio de Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, quien decidió someterse voluntariamente al escrutinio ciudadano. Para Sheinbaum, esto es un gesto de voluntad política: “En el caso de Salomón Jara, decidió hacerlo y pues ya depende de cada uno de ellos”.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional señalan que esta interpretación choca con el espíritu de la reforma de 2019. Aunque el Artículo 116 de la Constitución Federal obliga a los estados a incluir la revocación de mandato en sus leyes locales, la falta de una homologación técnica ha creado dos Méxicos: uno donde el pueblo puede remover a sus gobernantes y otro donde estos están protegidos por omisiones legislativas.
El mapa de la desigualdad democrática
A pesar de la instrucción federal, la implementación ha sido lenta. Actualmente, el panorama se divide en tres bloques:
- Los estados "alineados": Entidades como Oaxaca, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz han armonizado sus leyes rápidamente. En estos casos, la revocación suele ser impulsada por el propio mandatario como una herramienta de reafirmación de liderazgo, más que como una demanda ciudadana orgánica.
- El bloque en pugna: En estados como Nuevo León, la revocación ha sido utilizada como un arma política en medio de conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso local, lo que demuestra que el mecanismo puede ser capturado por élites políticas.
- Los estados en omisión: Diversas entidades gobernadas por la oposición (y algunas por el oficialismo) mantienen la ley en la congeladora. Al no existir leyes secundarias, el Instituto Electoral local no tiene facultades para organizar una consulta, dejando el derecho ciudadano en letra muerta.
Análisis: ¿Herramienta ciudadana o arma de propaganda?
El riesgo de que la revocación sea "opcional" o a petición del propio gobernador desvirtúa la naturaleza del ejercicio. Originalmente, la revocación de mandato nació como un derecho ciudadano para castigar la pérdida de confianza, no como una encuesta de satisfacción solicitada por el gobernante para legitimarse a mitad de su periodo.
Al dejarlo a "decisión de cada uno", se corre el riesgo de que solo se realicen consultas en estados donde el gobernador tiene alta popularidad, convirtiendo un mecanismo de rendición de cuentas en un evento de movilización política financiado con recursos públicos.
Las diferencias clave entre Federación y Estados
A diferencia del proceso presidencial —donde el INE tiene reglas estrictas y la solicitud debe venir del 3% de la lista nominal—, a nivel estatal las reglas son un mosaico:
- En algunos estados, el porcentaje de firmas requerido es mucho más alto, volviéndolo casi inalcanzable.
- El presupuesto no siempre está etiquetado, lo que permite a las secretarías de finanzas locales asfixiar el ejercicio si no conviene al gobernante en turno.
- La temporalidad varía, lo que impide que la ciudadanía tenga certeza de cuándo puede ejercer este derecho.
El futuro de la democracia local
La declaración de Sheinbaum cierra la puerta, por ahora, a una reforma que obligue a todos los gobernadores a pasar por las urnas a mitad de su gestión. La "soberanía estatal" servirá de escudo para quienes prefieran cumplir su sexenio completo sin sobresaltos, mientras que los gobernadores que busquen proyectarse hacia el 2030 usarán el modelo de Salomón Jara para medir fuerzas y movilizar a sus bases.
¿Cuánto cuesta "validar" a un gobernador?
Tomando como referencia el ejercicio federal de 2022 y procesos locales previos, se estima que una consulta de revocación estatal puede costar entre 150 y 500 millones de pesos, dependiendo del tamaño de la lista nominal y la cantidad de casillas que se instalen.
Este gasto incluye:
- Impresión de boletas con medidas de seguridad.
- Capacitación de funcionarios de casilla.
- Logística de transporte y resguardo de paquetes electorales.
- Operación de los sistemas de resultados preliminares.
El costo de oportunidad: ¿Qué se deja de comprar?
Para poner en perspectiva la "decisión personal" de gobernadores como Salomón Jara, es necesario contrastar el costo de la consulta con el presupuesto de servicios públicos. En estados con altos índices de pobreza, los 300 millones de pesos (monto promedio) que cuesta una revocación podrían traducirse en:
- La construcción y equipamiento de dos a tres hospitales comunitarios.
- La compra de más de 100 ambulancias totalmente equipadas.
- El mantenimiento mayor de cientos de kilómetros de carreteras estatales.
- Becas anuales para miles de estudiantes de nivel medio superior que no cuentan con apoyo federal.
La trampa del presupuesto "ahogado"
Una de las razones por las cuales la revocación es "opcional" en la práctica es el control del presupuesto. Si un gobernador no desea someterse al proceso, su Secretaría de Finanzas puede simplemente declarar que no existen recursos excedentes para entregar al Instituto Electoral local.
A diferencia de las elecciones ordinarias (que están blindadas por ley), la revocación de mandato a menudo carece de un fondo de reserva, lo que permite que el Ejecutivo estatal use la "austeridad" como un escudo político para evitar las urnas.
Al dejar la revocación a la voluntad del gobernante en turno, el sistema político mexicano corre el riesgo de crear una democracia selectiva. El ejercicio se vuelve viable solo cuando el mandatario tiene el control del presupuesto y la confianza de ganar, convirtiendo un derecho ciudadano de "castigo" en un gasto público destinado a la propaganda y el lucimiento personal.
