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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió en Palacio Nacional con alcaldes de 61 municipios del país identificados por el gobierno federal como territorios con altos niveles de incidencia delictiva y rezagos sociales, con el objetivo de presentar un programa especial de intervención social y prevención del delito.
El encuentro reunió a presidentes municipales de distintas fuerzas políticas, entre ellos la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; Azucena Cisneros, de Ecatepec; Adolfo Cerqueda, de Nezahualcóyotl; Adrián de la Garza, de Monterrey, y José Luis Urióstegui, de Cuernavaca.
La presidenta explicó que el gobierno federal elaboró un diagnóstico que combina indicadores de seguridad con variables sociales para identificar municipios donde se requiere reforzar la intervención pública.
Entre los factores analizados se encuentran pobreza, composición familiar y antecedentes vinculados con presuntos delitos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia homicida en México se concentra en un número reducido de municipios donde se registra una proporción significativa de asesinatos relacionados con disputas entre organizaciones criminales.
Entre las ciudades incluidas en este grupo aparecen Tijuana, Cajeme (Ciudad Obregón), Acapulco, Celaya, Tlajomulco de Zúñiga, Ciudad Juárez, Chihuahua, León, Cancún y Colima, además de otras como Culiacán, Zamora, Manzanillo e Irapuato.
El coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero, señaló que los criterios de selección también consideraron rezagos educativos, culturales y deportivos en las demarcaciones convocadas.
Sheinbaum indicó que la estrategia federal contempla programas dirigidos principalmente a jóvenes y la instalación de centros denominados “México Imparable” en estos municipios.
Durante el encuentro, la presidenta expuso a los alcaldes los programas federales que podrían implementarse en sus localidades y escuchó las necesidades específicas de cada territorio.
El plan forma parte de la estrategia nacional de seguridad que prioriza la atención a las causas sociales de la violencia y la coordinación entre niveles de gobierno.
