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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó enérgicamente el ataque violento que presuntos normalistas de Ayotzinapa perpetraron ayer jueves en el Campo Militar Número 1, calificándolo de "provocación" y asegurando que su gobierno no caerá en la misma.
"No estamos de acuerdo con acciones violentas, parecen más una provocación. No va haber represión porque se caería en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como esta", declaró Sheinbaum.
Diagnóstico escueto y ausencia de autocrítica
El mensaje presidencial se centra en deslegitimar la protesta violenta, al etiquetarla como una maniobra externa, pero omite un diagnóstico profundo sobre el estancamiento de la investigación. La presidenta se limitó a repetir el "mensaje" de Verdad y Justicia y a mencionar la existencia de un nuevo fiscal especial y las reuniones con los padres.
Este recuento resulta insuficiente en un contexto donde:
- Los familiares y exintegrantes del GIEI señalan directamente a la SEDENA (el objetivo del ataque) de ocultar información militar clave.
- La investigación penal se ha debilitado por la renuncia del fiscal anterior y el manejo errático de pruebas y testigos protegidos.
Al reducir el complejo escenario a una simple "provocación" y un escueto "el gobierno tiene que poner todo lo que esté de su parte", Sheinbaum elude la responsabilidad estatal de romper el pacto de silencio militar y de ofrecer avances reales, no solo promesas, tras más de una década sin respuestas.
Autonomía judicial con advertencia política
Posteriormente, la presidenta desvió la atención del caso al ser cuestionada sobre la incorporación de Vidulfo Rosales, exabogado de los padres de Ayotzinapa, como asesor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sheinbaum afirmó que la designación es una decisión autónoma de los ministros. Sin embargo, aprovechó la coyuntura para lanzar una advertencia política al Poder Judicial, ligando su autonomía a la rendición de cuentas pública: "solo que ahora tienen que rendir cuentas y responder al pueblo. Antes respondían a senadores, amigos o a quien los propuso".
Esta declaración, si bien defiende la autonomía en la forma, implica una presión indirecta a la judicatura, utilizando el concepto de "responder al pueblo" para señalar que el nuevo cargo de Rosales no debería verse como un factor que comprometa la independencia de los ministros o de los casos que tiene en sus manos.
