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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “irrespetuosas” las declaraciones hechas por Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, quien recientemente se declaró culpable ante una corte de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. Sheinbaum subrayó que el proceso judicial de Guzmán es competencia directa de la Fiscalía General de la República (FGR) y no del Poder Ejecutivo.
En una conferencia de prensa realizada en el hospital Pediátrico de Sinaloa, la mandataria federal afirmó que las extradiciones entre México y Estados Unidos se llevan a cabo mediante acuerdos legales que respetan las instituciones de ambos países. “Es un asunto de la Fiscalía, no del gobierno federal. La relación es directa entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República. Esta persona tiene una orden de aprehensión en México y fue extraditada conforme a la ley”, explicó Sheinbaum.
La presidenta también insistió en que su gobierno no mantiene vínculos de complicidad con ninguna persona ni grupo. “No hay relación de contubernio con nadie, eso lo sabe el pueblo de México”, aseguró. Asimismo, reiteró que el gobierno federal continuará apoyando al estado de Sinaloa con medidas de seguridad, salud e infraestructura, incluyendo visitas del gabinete de Seguridad cada 15 días.
Por su parte, Jeffrey Lichtman, defensor de Guzmán López —también conocido como “El Ratón”—, consideró “absurda” la idea de que el gobierno mexicano debiera formar parte de las negociaciones entre su cliente y las autoridades estadounidenses. Tras la declaración de culpabilidad de Guzmán por cuatro cargos en cortes de Illinois y Nueva York, Lichtman argumentó que la extradición fue gestionada entre los sistemas de justicia de ambos países, sin intervención directa del gobierno federal mexicano.
Lichtman declaró ante medios que las declaraciones de Sheinbaum revelan que el gobierno mexicano “no estuvo involucrado en la negociación” y cuestionó las críticas de la presidenta hacia el proceso legal en Estados Unidos. Según el abogado, la defensa actúa de manera independiente y no representa intereses políticos.
Sheinbaum se abstuvo de opinar sobre si las declaraciones del abogado podrían afectar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Reiteró que corresponde a la FGR emitir un comunicado oficial sobre el estado del proceso judicial. “Está por emitir la fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero”, añadió.
Durante la misma intervención, Sheinbaum recordó que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos incluye procedimientos y reglas claras que deben cumplirse, por lo que insistió en que las negociaciones corresponden al ámbito judicial y no al gobierno federal. “No es un asunto subjetivo ni de buena voluntad, son leyes y tratados que hay que respetar”, puntualizó.
Respecto a la inseguridad en Sinaloa, la mandataria anunció que el gabinete de Seguridad federal mantendrá visitas periódicas cada 15 días para coordinar acciones que fortalezcan la seguridad en la entidad. Subrayó que el gobierno federal no dejará sin respaldo a la población sinaloense. “Nunca vamos a dejar solo al pueblo de Sinaloa, aquí está su presidenta para apoyarlos”, afirmó.
Sheinbaum también aclaró que su visita a Sinaloa no está vinculada al caso judicial de Guzmán López, sino a la agenda de gobierno para atender temas locales como salud, infraestructura y apoyo a productores agrícolas.
El contexto del caso incluye la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos en septiembre de 2023. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán aceptó cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y delincuencia organizada. En paralelo, su defensa ha argumentado que el gobierno mexicano no participó ni fue consultado en las negociaciones para que se declarara culpable ante la justicia estadounidense.
Lichtman también mencionó el antecedente del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos, imputado por delitos relacionados con el narcotráfico y devuelto a México, donde finalmente fue exonerado. En ese caso, según el abogado, hubo acusaciones de que la DEA fabricó pruebas, algo que consideró “absurdo”.
El defensor reiteró que la defensa de Guzmán López no actúa por simpatía hacia los gobiernos, sino para proteger los derechos de su cliente en el marco del proceso judicial.
