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Ciudad de México — La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la reciente detención de varios empresarios implicados en operaciones de "huachicol fiscal", calificándolo como un avance en el cumplimiento de su promesa de "Cero Impunidad" y destacó la supuesta denuncia que hizo del caso el exsecretario Rafael Ojeda.
Sin embargo, las declaraciones de la mandataria revelan que las investigaciones son el resultado de denuncias que datan de hace dos años, lo que pone de manifiesto la lentitud de las instituciones de procuración de justicia para actuar en casos de gran evasión fiscal.
Según la versión oficial, la investigación se detonó tras la denuncia del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Se identificó un buque en Tamaulipas que, bajo la fachada de una importación legal para procesamiento industrial, evadía impuestos al introducir diésel para su venta ilegal en el mercado interno.
A pesar de que el delito parecía evidente desde el principio, Sheinbaum justificó el largo tiempo de la investigación, argumentando que "construir una carpeta de investigación requiere contar con pruebas para hacer una indagación profunda". Esta declaración, aunque válida, subraya una crítica recurrente a la Fiscalía General de la República (FGR): la falta de agilidad para actuar en contra de redes de corrupción de alto nivel.
El "huachicol fiscal": un lucrativo delito con tiempos de justicia largos
El "huachicol fiscal" es una modalidad sofisticada de robo de combustible que, en lugar de perforar ductos, se aprovecha de resquicios legales para evadir el pago de impuestos. Los involucrados importan sustancias de bajo costo o sin impuestos, como el llamado "diluyente", para luego mezclarlas con gasolina o diésel y venderlas en el mercado. Con esta estrategia, los empresarios obtienen ganancias millonarias, lo que representa un duro golpe a las finanzas públicas.
La presidenta Sheinbaum confirmó que las investigaciones continuarán y que las autoridades procederán con el congelamiento de cuentas y la extinción de dominio cuando sea necesario. Sin embargo, no se dio un calendario claro de cuándo se verán los resultados, ni se detalló el monto del daño fiscal o el número exacto de personas detenidas.
A pesar de que se le cuestionó sobre el presunto involucramiento de familiares del exsecretario de Marina, la presidenta defendió el trabajo de Ojeda, señalando que fue él quien promovió la denuncia inicial. Esto deja entrever la complejidad del caso, donde las líneas entre la denuncia y las posibles redes de corrupción pueden cruzarse en las esferas más altas del poder.
La lucha contra el huachicol fiscal, si bien necesaria, parece ser un proceso largo y lento, donde la promesa de "cero impunidad" se enfrenta a una burocracia judicial que opera a un ritmo pausado, mientras las redes criminales siguen operando.
