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Ciudad de México.- El conflicto entre el gobierno mexicano y Vulcan Legacy LLC sigue abierto. Aunque un tribunal internacional ordenó una compensación económica a favor de la empresa, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que eso no elimina la responsabilidad de remediar los daños ambientales provocados por la extracción de piedra caliza en Quintana Roo.
"Aunque da razón en ciertos temas a Vulcan, la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa.
Declaró la mandataria al referirse a la resolución del Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.
Indemnización menor
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la empresa reclamaba alrededor de mil 700 millones de dólares, pero el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones determinó una compensación cercana a los 150 millones de dólares. Añadió que, en el resto de los puntos analizados, la resolución favoreció al Estado mexicano.
"Pedía como mil 700 millones de dólares y al final fueron como 150 millones de dólares lo que estableció el tribunal", señaló Sheinbaum.
Explicó que por ahora no puede ofrecer más detalles debido a un periodo de confidencialidad de 30 días establecido por el procedimiento arbitral, tiempo durante el cual cualquiera de las partes puede promover un recurso para intentar anular la decisión.
Caso sigue bajo reserva
La presidenta también precisó que el litigio deriva de controversias iniciadas en 2018 bajo las reglas del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que no corresponde al acuerdo comercial vigente entre México, Estados Unidos y Canadá.
Además, recordó que la empresa operaba en México mediante Calizas Industriales del Carmen, conocida como Calica, cuyas actividades fueron restringidas por las afectaciones ambientales detectadas en la costa de Quintana Roo. Frente al comunicado difundido por Vulcan tras el fallo, el gobierno federal sostuvo que la mayor parte de las reclamaciones de la minera fueron desestimadas y reiteró que la reparación del daño ambiental sigue siendo un asunto pendiente.
