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CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en marcha un giro proteccionista en la política económica del país, al justificar la imposición de aranceles a productos importados sin tratados de libre comercio. Si bien Sheinbaum niega que se busque una "confrontación" con naciones como China o Corea del Sur, la medida ha generado preocupación por sus posibles efectos en la economía y las relaciones internacionales.
La mandataria aseguró que el gobierno ya está en diálogo con embajadores para "explicar" que esta política es una decisión soberana de México para fortalecer sectores clave como la industria textil, el calzado y los vehículos. No obstante, al calificar la medida como una estrategia de "sustitución de importaciones" —un modelo económico que ha sido ampliamente debatido por su efectividad—, el gobierno mexicano parece apostar por un enfoque de desarrollo más cerrado.
Sheinbaum también minimizó el riesgo de un impacto inflacionario, argumentando que hay "muchísimas opciones" de productos para los consumidores. Sin embargo, en un entorno de alta inflación y con una cadena de suministro global interconectada, la lógica detrás de esta afirmación podría ser demasiado optimista. La imposición de aranceles, por definición, tiende a encarecer los productos importados, lo que podría traducirse en un aumento de precios para el consumidor final.
La presidenta insiste en que la medida no es una respuesta a las presiones de Estados Unidos, sino una estrategia nacional respaldada por empresarios y trabajadores. No obstante, la decisión de presentar la política como una iniciativa de ley al Congreso, y no solo como un decreto presidencial, busca blindarla de futuros cuestionamientos y consolidar una nueva dirección económica que podría alterar significativamente el panorama comercial de México.