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México.- En una sesión marcada por la opacidad legislativa y la prisa política, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobó sin cambios la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Con dispensa de trámites, sin pasar por comisiones y sin modificar una sola línea del documento enviado por San Lázaro, el bloque oficial consumó otra operación de fast track que profundiza la tendencia del gobierno federal a concentrar el control estratégico de los recursos naturales.
La votación en lo general —85 a favor, 36 en contra— no dejó margen para el disenso. El debate en lo particular avanzó únicamente porque la oposición presentó reservas, todas desechadas una tras otra, en un proceso que recordó a los viejos tiempos del “mayoriteo” legislativo.
El dictamen, apenas publicado en la Gaceta del Senado minutos antes, fue declarado de “urgente resolución” para permitir un debate exprés sobre la iniciativa presidencial impulsada por Claudia Sheinbaum. ¿El resultado? Una de las reformas con mayor impacto territorial y económico aprobada sin deliberación técnica, sin contraste parlamentario y sin escuchar a los sectores afectados.
Blindaje policial y ausencia social
El Senado fue rodeado por cientos de policías de la Ciudad de México. El cerco de seguridad contrastó con la ausencia de campesinos, productores y manifestantes que días antes habían tomado carreteras y calles para exigir modificaciones. El mensaje fue claro: la protesta social quedó fuera del recinto legislativo… y de la toma de decisiones.
El Estado como rector absoluto
La nueva ley establece un modelo de gestión en el que el Estado asume control total sobre la administración del agua. Se modifica el régimen de concesiones, se prohíbe su transmisión o comercialización entre particulares y se refuerza la facultad de Conagua para recuperar y reasignar derechos de uso.
Para la oposición, este nuevo diseño no es un paso hacia la “justicia hídrica”, sino un mecanismo de control político disfrazado de humanismo. “Quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua”, acusó Ricardo Anaya desde el PAN, quien calificó la reforma como un proyecto con “dos dardos envenenados”: el control total del recurso y la desaparición práctica de la propiedad vinculada a los derechos de agua.
Anaya denunció además que la reforma no contempla inversiones para reducir fugas urbanas ni mejoras al sistema hídrico, lo que evidencia —dice— que el objetivo no es mejorar la gestión, sino centralizar el poder.
Morena: “El agua no es mercancía”
Desde la tribuna, Adán Augusto López rechazó cualquier intención de expropiación o sometimiento al campo. Aseguró que el artículo 49 garantiza que la concesión acompañe a la tierra, y que el oficialismo no busca “poder político”, sino corregir un sistema hídrico capturado por intereses privados. Acusó a la oposición de mentir y de arrastrar “el trauma” de 2018.
El intercambio verbal ilustró el tono del debate: acusaciones cruzadas, más ideología que técnica y nulas explicaciones sobre los efectos reales de la reforma.
La oposición acusa hipocresía y control discrecional
Carolina Viggiano, del PRI, denunció que la nueva ley abre la puerta a la administración discrecional del recurso y acusó a senadores oficialistas de ser “acaparadores de agua”. Señaló que lo aprobado no garantiza desarrollo rural, sino un Estado que podrá decidir, sin contrapesos, quién accede al agua y en qué condiciones.
Movimiento Ciudadano, por su parte, lamentó que las mejoras surgieran por la presión social y no por voluntad legislativa: “Es profundamente lamentable que la gente haya tenido que bloquear carreteras para ser escuchada”, reprochó Luis Donaldo Colosio Riojas.
Una reforma estructural aprobada sin debate estructural
La lista de cambios es amplia: recuperación de concesiones ociosas, prohibición de transferencia de derechos, fortalecimiento de organismos operadores, creación de un Registro Nacional del Agua y un catálogo de delitos hídricos, así como una reorganización del régimen de cuotas y sanciones.
Sin embargo, los senadores críticos advierten que el contenido técnico nunca fue discutido a fondo y que el oficialismo evitó cualquier modificación para no retrasar el calendario político. “Quieren que nadie les opaque la fiesta del sábado”, acusó el PRI, en referencia al séptimo aniversario del gobierno de López Obrador.
Un país con sed… y un Congreso sin deliberar
La aprobación de la Ley General de Aguas ocurre en medio de una crisis hídrica nacional: sequías severas, colapso urbano, sobreexplotación agrícola y disputas locales por el acceso al recurso. En ese contexto, el Congreso tenía la oportunidad de construir un instrumento sólido, con legitimidad social y fundamento técnico.
Optó por el camino contrario: un cambio estructural decidido a velocidad de vértigo, bajo resguardo policial y sin escuchar a quienes dependen del agua para vivir y producir.
La consulta quedó pendiente. El debate público fue cancelado. El disenso, desechado. Y el país se enfrenta ahora a una ley cuyo alcance real —y cuyo uso político— apenas comienza a perfilarse.
