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Ciudad de México / Acapulco, Guerrero. — La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) inició una investigación interna tras denuncias públicas de vecinos de la colonia Fuerza Aérea Mexicana, en Acapulco, quienes aseguran haber sido víctimas de un fraude inmobiliario y despojo ilegal de viviendas desde el año 2016.
El caso fue expuesto en diciembre pasado durante una pregunta realizada en la conferencia matutina presidencial, donde habitantes de la zona señalaron a Israel Nogueda Pineda, hijo del exgobernador Israel Nogueda Otero, así como a la inmobiliaria Basilisk Siete y el Notario No 4 Eduardo Arturo Nozari Morlet, por presuntamente utilizar escrituras apócrifas avaladas en su momento por el finado exalcalde de Acapulco Luis Walton Aburto para despojar a familias de sus hogares.
Como respuesta a esta denuncia pública, el 23 de enero se abrió una investigación interna dentro de la SEDATU, informaron vecinos de la colonia, quienes también señalan a Marlene Acosta, directora de Vinculación con Organizaciones de la dependencia, por presuntamente obstaculizar el proceso de regularización de la tenencia de la tierra y favorecer intereses inmobiliarios.
Las y los denunciantes solicitaron la emisión del decreto de desincorporación de 105 hectáreas, parcialmente indemnizadas al Ejido La Plaza, con el objetivo de regularizar la situación jurídica de diversas colonias aledañas, incluida Fuerza Aérea Mexicana, donde habitan decenas de familias, muchas de ellas personas adultas mayores.
Los vecinos advirtieron que los conflictos inmobiliarios han derivado en afectaciones graves a la salud de personas de la tercera edad, e incluso señalaron que algunos habitantes han fallecido por infartos, presuntamente a consecuencia del estrés provocado por los procesos judiciales y los intentos de desalojo.
Organizaciones sociales y habitantes exigieron que la investigación federal avance con transparencia, se garantice el respeto a los amparos judiciales vigentes y se ponga fin a prácticas que, aseguran, constituyen violaciones graves a los derechos humanos, particularmente contra personas adultas mayores.
