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El capitán de la Secretaría de Marina (SEMAR), Abraham Jeremías Pérez Ramírez, se quitó la vida en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, de acuerdo con información publicada por el diario Reforma, que citó fuentes federales. El oficial estaba señalado en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos sobornos relacionados con el tráfico ilícito de combustible, conocido como “huachicol fiscal”.
Pérez Ramírez, ingeniero naval egresado de la Heroica Escuela Naval Militar en 1995, se había desempeñado como titular de la Unidad de Protección Portuaria tanto en Tampico como en Altamira. Según indagatorias de la FGR, en abril de 2024 habría recibido 100 mil pesos por permitir la descarga de un buque con combustible ilegal en el puerto de Tampico. La entrega del dinero, según el testimonio del ex director de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, se realizó a través de un intermediario identificado con el alias “NK”, Miguel Ángel Solano Ruiz, actualmente prófugo.
El caso forma parte de una investigación que involucra a los hermanos vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y contralmirante Fernando Farías Laguna, quienes, según las indagatorias, pagaban hasta un millón 750 mil pesos por cada buque con hidrocarburo ilegal que se autorizara en puertos bajo su control. Dichos mandos navales, sobrinos políticos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, fueron detenidos en el marco de un operativo de la FGR.
En las investigaciones también se documentó que Torres Joaquín habría recibido 24 millones de pesos por permitir el desembarco de 14 buques con combustible ilícito. Hasta el momento, 14 personas han sido detenidas en relación con la red de corrupción y tráfico de hidrocarburos.
La Unidad de Protección Portuaria, a cargo de Pérez Ramírez, tiene la responsabilidad de resguardar al personal de Aduanas durante inspecciones en puertos y actuar como primer respondiente en casos de hallazgos de drogas, armas o explosivos.
El suicidio del capitán se produjo mientras las indagatorias de la FGR continuaban y tras la detención de mandos superiores, en un caso que ha sacudido a las estructuras de seguridad portuaria de la Marina en México.
