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Se reúne Evelyn Salgado con familiares de luchadores sociales; le piden disculpa pública y salida de Aída Martínez

La gobernadora planteó impulsar una agenda conjunta para preservar y difundir la memoria de la lucha social en Guerrero y propuso iniciar la construcción de espacios de memoria

Gobernadora de Guerrero.

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Chilpancingo.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo un encuentro con familiares de emblemáticos luchadores sociales de Guerrero, en el que se planteó la construcción de una agenda común para preservar la memoria histórica y reivindicar a las víctimas de la represión política en la entidad, particularmente durante el periodo conocido como la “guerra sucia”.

La reunión se llevó a cabo en Casa Guerrero y contó con la participación de Micaela Cabañas Ayala, hija del líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos; Diana Itzel Hernández Hernández, hija de Ranferi Hernández Acevedo; Norma Mesino Mesino, hermana de Rocío Mesino; Celene Olivares, hija de Luis Olivares, y Martha Idalia Obezo Cazares, viuda de Armando Chavarría Barrera. Las asistentes forman parte del Movimiento contra el homenaje al genocida, cacique y violador, y por la reivindicación de la historia.

Durante el encuentro, la mandataria estatal, acompañada por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, reconoció a las familias como actores fundamentales en la construcción de la memoria social de Guerrero y subrayó que la historia de las luchas populares forma parte de la identidad del estado.

A través de sus redes sociales, Salgado Pineda afirmó que el diálogo permitió “honrar la memoria de quienes entregaron su vida por las causas justas del pueblo” y que se acordó impulsar una agenda conjunta orientada a preservar y difundir la cultura de la lucha social y el respeto a los derechos humanos.

No obstante, en entrevista telefónica, Micaela Cabañas Ayala precisó que no se firmó ningún acuerdo formal, aunque sí se estableció un diálogo respetuoso en el que el gobierno estatal escuchó las demandas históricas del movimiento. Entre ellas, destacó la exigencia de una disculpa pública a las víctimas de la represión durante la guerra sucia, particularmente por el homenaje realizado por la actual administración al ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa con motivo del aniversario de su natalicio.

Renuncia de Aída Martínez

Cabañas Ayala aclaró que la disculpa pública no se solicita para su familia en lo individual, sino para todas las víctimas que se sienten agraviadas por la figura de Figueroa Figueroa, a quien responsabilizan de graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, demandaron la destitución de la secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, a quien señalaron como responsable de las actividades cívicas que detonaron la inconformidad social, así como el retiro de los nombres de presuntos perpetradores de violaciones a derechos humanos de calles y espacios públicos.

Durante la reunión también se abordó la posibilidad de construir espacios de memoria en Guerrero. Según Cabañas Ayala, la gobernadora expresó su disposición para iniciar este proceso, razón por la cual estuvo presente el director del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Educativa (IGIFE), Martín Vega. Sin embargo, el grupo de familiares manifestó su intención de elaborar una propuesta propia sobre estos espacios conmemorativos.

De acuerdo con la activista, Salgado Pineda señaló que ella misma proviene de un movimiento social y reconoció que el acercamiento con las familias debió haberse dado con anterioridad. Ambas partes coincidieron en la necesidad de dar continuidad al diálogo durante el próximo año.

Como parte del encuentro, las familiares entregaron a la gobernadora un documento con los cinco puntos de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que por primera vez se reconoce oficialmente como víctimas al maestro Lucio Cabañas Barrientos y a su madre, Isabel Ayala Nava. También le fue entregado el llamado “libro rojo”, que contiene más de 800 nombres de víctimas de la represión en Guerrero, aceptado por el gobierno federal en 2024.

El encuentro ocurre en un contexto de creciente debate público sobre la memoria histórica, la justicia transicional y el papel del Estado en el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en décadas pasadas, un tema que continúa siendo una deuda pendiente en Guerrero.

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