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Ciudad de México.— La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta nuevas complicaciones políticas y judiciales por el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que participaron en un operativo antidrogas en la entidad. Mientras su exfiscal Guillermo Arturo Zuany Portillo permanece prófugo, el exfiscal general César Jáuregui Moreno, detenido por los hechos, cuestionó públicamente a la mandataria y recordó que salió en su defensa cuando ella enfrentó los primeros señalamientos.
Una investigación publicada por El País el 23 de octubre reconstruyó los movimientos de Zuany dentro de la Fiscalía estatal: Campos lo ascendió en septiembre de 2025 a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas; alrededor de tres meses después, Estados Unidos le retiró la visa, por lo que la gobernadora lo destituyó. Sin embargo, dos meses más tarde, cuando recuperó el documento, fue reinstalado en el cargo.
La trayectoria del funcionario quedó bajo escrutinio después de que una investigación interna señalara su relación con los agentes estadounidenses. De acuerdo con fuentes consultadas por El País, Zuany habría facilitado la presencia de integrantes de la CIA en instalaciones y actividades de la Fiscalía durante meses, antes del operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.
El operativo terminó marcado por la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de Chihuahua en un accidente carretero durante el regreso. La participación de personal de la CIA sin que el Gobierno federal hubiera sido informado desencadenó una crisis entre la administración de Campos y el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Zuany está prófugo y Jáuregui enfrenta procesos judiciales
Zuany renunció en mayo, cuando las investigaciones ya estaban en marcha, y desde entonces se desconoce su paradero. Según El País, el 16 de octubre un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por presunto ejercicio ilegal del servicio público y falsedad de declaraciones ante autoridades. Hasta la publicación de ese reporte, no se le había imputado el delito de traición a la patria que enfrenta Jáuregui.
El exfiscal general, quien renunció en abril tras reconocer que omitió informar sobre la presencia de extranjeros en el operativo, fue detenido en octubre y posteriormente vinculado a proceso por presunta traición a la patria. Se encuentra en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano.
El caso también ha abierto una disputa entre antiguos colaboradores. En una carta difundida el 26 de octubre, Jáuregui pidió respaldo a la dirigencia y militancia del PAN y cuestionó las declaraciones recientes de Campos, a las que calificó de falsas y desafortunadas.
El exfuncionario recordó que respaldó públicamente a la gobernadora cuando ella enfrentó cuestionamientos por el caso, participó en movilizaciones y se sumó a la campaña #YoConMaru. “Nunca hablé mal de ella en público. Siempre la defendí”, escribió, al solicitar que los panistas vigilen los procesos judiciales en su contra y defiendan el debido proceso y la presunción de inocencia.
Campos suma una nueva investigación contra su exfiscal
A las causas relacionadas con el operativo de El Pinal se añadió otra investigación contra Jáuregui por presuntos actos de corrupción vinculados con la operación de casinos mediante prestanombres. Según un reporte de El País publicado este 26 de octubre, la gobernadora comunicó esas sospechas a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y también se las había planteado a la presidenta Sheinbaum durante una reunión en septiembre.
El encargado de la Fiscalía de Chihuahua, Gilberto Loya, confirmó que los señalamientos ya forman parte de una carpeta de investigación. No obstante, todavía no se han detallado los casinos presuntamente involucrados ni la identidad de quienes habrían actuado como prestanombres.
Luis Villegas, abogado de Jáuregui, rechazó los señalamientos y afirmó que su cliente únicamente tiene una sociedad comercial en un negocio de comida que, aseguró, es lícito. También sostuvo que las nuevas acusaciones no tienen efectos jurídicos inmediatos en los procesos que enfrenta el exfiscal por los acontecimientos de El Pinal.
Así, el caso que comenzó con la presencia de agentes estadounidenses en un operativo estatal acumula ahora una orden de aprehensión contra un exfuncionario desaparecido, un exfiscal general encarcelado que reprocha a Campos haberlo señalado y una nueva investigación por presuntos negocios irregulares. Para la gobernadora, el problema ya no se limita a explicar cómo participaron agentes de la CIA en Chihuahua, sino también a responder por las decisiones y relaciones dentro de su propia estructura de seguridad.
