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Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una disposición del Código Penal de Oaxaca utilizada para castigar conductas relacionadas con las llamadas “narcomantas” y el “halconeo”, al considerar que la norma era demasiado amplia y no definía con claridad qué estaba prohibido. El Pleno resolvió que la fracción IX del artículo 165 Quater del Código Penal de Oaxaca violaba el principio de legalidad porque permitía sancionar la posesión de escritos o mensajes relacionados con grupos o actividades delictivas cuando supuestamente afectaran investigaciones o labores de seguridad pública. ### La Corte advierte que una ley ambigua puede terminar castigando de más El problema, según la SCJN, es que la norma no precisaba qué relación debía tener una persona con el mensaje, qué vínculo debía existir entre ese documento y una organización criminal ni de qué manera su simple posesión podía obstaculizar una investigación. Para la Corte, esa falta de precisión abría la puerta a que las autoridades decidieran de manera discrecional qué conductas podían considerarse delito. El tribunal también advirtió que la redacción podía alcanzar actividades que no necesariamente tienen una finalidad criminal, como la posesión de documentos con fines periodísticos, académicos, estadísticos o informativos. La disposición contemplaba penas de siete a 15 años de prisión para determinadas conductas relacionadas con escritos o mensajes vinculados con actividades delictivas. ### La Corte no prohibió combatir el “halconeo” La resolución no significa que Oaxaca no pueda establecer delitos para combatir las “narcomantas” o el llamado “halconeo”. La SCJN precisó que el Congreso local puede crear normas para enfrentar estas conductas, pero debe establecer de manera clara y precisa qué acciones serán consideradas delito. El caso llegó a la Corte a partir del amparo promovido por una persona detenida en 2024, a quien se encontró con un arma, drogas y una hoja con un mensaje atribuido a un grupo criminal y dirigido contra policías. La Corte concedió el amparo respecto del delito relacionado con la norma invalidada, aunque la persona enfrenta otras acusaciones. La decisión coloca nuevamente en el centro el límite que tienen los gobiernos cuando intentan responder penalmente al crimen: una política de seguridad puede perseguir conductas delictivas, pero las leyes deben decir exactamente qué se puede castigar.
