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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles tres proyectos relacionados con los amparos presentados por empresas contra las reglas que restringen la venta y distribución de comida y bebidas con bajo valor nutricional en las escuelas del país.
El debate cobra especial relevancia por uno de los asuntos, relacionado con Embotelladora Las Margaritas, de Corporación RICA, que cuestionó que las restricciones también puedan aplicarse en instituciones de educación superior.
Las empresas argumentan que las disposiciones afectan sus derechos de libertad de trabajo, comercio y libre concurrencia. También sostienen que los productos son legales y que, particularmente en las universidades, muchos consumidores son mayores de edad.
El debate llega hasta las universidades
El proyecto elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía propone negar el amparo a la empresa y considera constitucional que las restricciones se apliquen también en instituciones de educación superior.
Uno de los argumentos de la empresa es que los universitarios adultos tienen capacidad para decidir qué productos consumir y que existen alternativas menos restrictivas, como el etiquetado frontal y las campañas de educación nutricional.
El proyecto plantea que la regulación persigue una finalidad constitucional válida: proteger la salud de los estudiantes, y considera que limitar la venta dentro de los planteles no impide a las empresas continuar con sus actividades comerciales fuera de esos espacios.
Tres proyectos buscan mantener las restricciones
Los otros dos proyectos corresponden a las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama. Ambos también proponen negar los amparos promovidos por empresas que cuestionaron los lineamientos.
Ríos González sostiene que las disposiciones tienen fundamento en la Ley General de Educación y establecen criterios nutrimentales para determinar qué alimentos pueden comercializarse dentro de las escuelas.
Por su parte, Batres considera que la SEP y la Secretaría de Salud cuentan con facultades legales para establecer reglas sobre la venta y distribución de alimentos en los planteles, y que las restricciones no eliminan la libertad de comercio, sino que regulan las condiciones para vender determinados productos dentro de las instituciones educativas.
Los casos llegan al máximo tribunal después de que la SCJN concentró alrededor de 25 amparos relacionados con estas reglas. Mientras se resuelven, las restricciones para la venta de estos productos en los planteles educativos continúan vigentes.
