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Ciudad de México – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó por tiempo indefinido la discusión de un controversial criterio que podría reducir drásticamente la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para tramitar amparos contra leyes generales. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, suspendió la sesión de este jueves debido a la existencia de múltiples solicitudes de audiencia de grupos interesados en exponer sus argumentos.
La decisión de la SCJN retrasa temporalmente un debate que ha generado intensa preocupación en el activismo mexicano, pues el criterio a discutir es muy similar a la limitación del interés legítimo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en su reciente iniciativa de reforma a la Ley de Amparo.
El "interés legítimo" que ilegitima
El centro del debate es la Contradicción de Criterios 217/2021, en la cual la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso un proyecto para redefinir cómo las organizaciones no gubernamentales pueden acreditar su interés legítimo para promover un juicio de amparo.
Aunque la contradicción se enfoca en casos de derecho a un medio ambiente sano, su resolución sentaría un precedente negativo para todas las OSC dedicadas a la defensa de derechos colectivos (víctimas, mujeres, infancia, comunidades indígenas, etc.).
La propuesta de Esquivel Mossa busca establecer que el objeto social de una organización no es suficiente para acreditar el interés legítimo. Según su proyecto:
“El objeto social de una persona moral no es un elemento que, por sí solo y analizado de manera aislada, pueda ser considerado para efectos de acreditar su interés legítimo para acudir al juicio de amparo... Por el contrario, debe exigirse que se encuentre demostrada la afectación cualificada...”
En esencia, el proyecto busca evitar que las OSC puedan impugnar cualquier daño ambiental o afectación colectiva con solo exhibir su acta constitutiva, exigiendo en cambio que demuestren una afectación "diferenciada" respecto al resto de la población.
Convergencia con la reforma de Sheinbaum
La propuesta de la ministra Esquivel es prácticamente idéntica a la reforma a la Ley de Amparo impulsada por el Ejecutivo federal, recientemente aprobada por el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados.
Dicha reforma también busca limitar el interés legítimo, indicando que la ley, acto u omisión reclamada debe ocasionar en la persona quejosa una "lesión jurídica real actual y diferenciada del resto de las personas".
Las organizaciones de la sociedad civil han alertado que, de aprobarse tanto el criterio de la SCJN como la reforma legislativa, se crearía una barrera infranqueable para la defensa de los derechos colectivos:
· Se exigiría a las OSC una carga probatoria compleja y casi imposible de cumplir para demostrar una afectación individualizada en temas colectivos.
· En casos de leyes que vulneren a una colectividad (ej. mujeres, víctimas), cada persona afectada tendría que tramitar su propio juicio de amparo, un proceso costoso y especializado que no todos pueden costear, paralizando de facto la protección judicial colectiva.
El aplazamiento de la discusión en la SCJN da un respiro a las organizaciones para exponer los riesgos de un precedente que, de consolidarse, podría silenciar una de las herramientas de defensa legal más importantes de la sociedad civil en México.
