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Chilpancingo, Guerrero.— El Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso del Estado de Guerrero sancionó a Andrés Rosendo Orozco Pintos, quien se desempeñó como secretario de Servicios Financieros y Administrativos durante la LXIII Legislatura, por una omisión relacionada con la supervisión de pagos efectuados en 2023.
De acuerdo con documentos citados por medios locales, el procedimiento quedó registrado en el expediente CEG/LXIV/OIC/PRA03/2025, derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente a ese ejercicio. Orozco Pintos fue notificado de la resolución el 23 de febrero de 2026.
La resolución señala omisiones en la supervisión
La responsabilidad administrativa atribuida al exfuncionario está relacionada con pagos por 263 mil 503.21 pesos que habrían rebasado los montos mensuales establecidos en los criterios normativos aprobados por la Junta de Coordinación Política para las asignaciones y apoyos de las diputadas y diputados.
Una investigación difundida en septiembre por medios locales señaló que el OIC había requerido previamente información a Yoloczin Domínguez Serna sobre esos pagos y sobre las autorizaciones correspondientes. El requerimiento fue presentado como parte de una investigación administrativa para determinar cómo se autorizaron y ejercieron los recursos.
La documentación disponible no permite afirmar que los 12 millones de pesos mencionados en versiones periodísticas correspondan íntegramente a un desfalco. Esa cifra deriva de multiplicar el monto señalado en los pagos excedentes por el número de integrantes de la Legislatura, por lo que debe distinguirse entre el monto observado y una eventual responsabilidad por la totalidad de esos recursos.
Cuenta Pública 2023 tiene antecedentes de señalamientos
Los nuevos señalamientos se relacionan con las revisiones al ejercicio financiero de 2023, cuando Yoloczin Domínguez encabezaba la Jucopo.
En noviembre de 2025, el auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, afirmó que la Cuenta Pública 2023 del Congreso estaba “totalmente solventada y sin irregularidades” y que las observaciones iniciales habían sido atendidas.
En contraste, el entonces presidente de la Comisión de Cuenta Pública del Congreso, Joaquín Badillo Escamilla, cuestionó el alcance de esa fiscalización y señaló que no se había considerado una ampliación presupuestal de 12 millones 874 mil pesos.
Por ello, la sanción administrativa contra Orozco Pintos y las investigaciones del OIC constituyen un procedimiento distinto que deberá determinar las responsabilidades que correspondan a partir de la documentación y las actuaciones de los servidores públicos involucrados.
Orozco Pintos dejó el cargo de secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso en enero de 2024, cuando el Pleno aceptó su renuncia y nombró a Esli Joanan Navarrete Cisneros como su sustituto.
